Vaso medio vacío o medio lleno


Ocurrió lo que los agoreros verían pronosticando hace tiempo: el Transantiago en sus primeras horas lejos de ser una solución para los santiaguinos se transformó en una pesadilla.
Baja frecuencia, buses repletos, información mal diseñada son algunos de los puntos críticos de este sistema, que saltan a ojo de cualquier persona. Por meses la derecha vaticinó un mal comienzo, culpando a la improvisación y al voluntarismo de llevar adelante un proyecto de esta envergadura, con el objetivo de sumar “un punto bueno” al gobierno. El mismo tiempo que ocupó el gobierno y sus principales voceros en el área, desde el ministro Espejo hasta el seremi de transportes, pasando por el ministro Lagos Weber y la recién estrenada Intendenta Adriana Delpiano, para defender esta revolución en el sistema de transporte público.
Nosotros, los concertacionistas que nos negamos a seguir girando a costa de los positivos primeros 8 años de gobierno, y que tenemos muy claras las falencias de los últimos períodos, también pusimos un llamado de alerta sobre el Transantiago. Claro que nuestras argumentaciones iban por otro camino.
Por ejemplo fuimos claro en exponer la incoherencia del mensaje de apoyo a los pequeños y micro empresarios, cuando fueron eliminados de un plumazo miles de éstos tanto en Santiago como en Valparaíso. El argumento era que el gremio de los microbuseros era manejado con un estilo de “cartel”. ¿Puede la autoridad, con certeza, afirmar que los miles de pequeños empresarios que se desarrollaban en este rubro eran mafiosos? A nuestro entender no. Nosotros no nos atrevemos a ofender a esos compatriotas que se creyeron el cuento “del emprendimiento”, y que pagan como a través de la historia lo han hecho muchos, esto es “justos por pecadores”.
Tampoco nos convencía que “nuestro gobierno”, como si los bancos Chile, BCI, Santander, Estado y Falabella ganaran poco, le entregaran a éstos la administración de las cobranzas. Tampoco teníamos buenas referencias del “capital tecnológico” de Sonda, empresa que está presente en varios servicios de la administración pública y que también en ellos presenta problemas.
Muchos menos puede gustarnos que nuestras autoridades piensen que la gente pobre, medio pobre o de ingresos medios deba ir “apiñada” como animales en los buses y metros. Comparte tu metro cuadrado, le decimos a la gente, desde vehículos privados o fiscales, con aire acondicionado. ¿Qué tal?
El sistema, a la larga seguramente va a funcionar, y la gente se va a acostumbrar. Sabrá las combinaciones, se resignará a viajar apretujada, se consolidarán las diez grandes empresas que manejan desde el sábado pasado la locomoción pública en Chile. Todo eso va a pasar con seguridad ¿Pero era necesario hacer el cambio de un día para otro, con los costos que ello ha significado? Creemos que no. Que la decisión se basó en una urgencia por mostrar resultados, antes que eficiencia y pensar en la gente.
Porque de eso sí estamos claros. Nadie se acordó del trabajador que atravesaba la ciudad en un vehículo y aprovechaba de dormir la hora y media que este tardaba en llegar a su labor. Nadie se acordó de la calidad de vida de nuestra gente a la que estamos quitando minutos de sueño. Nadie se acordó de nuestros viejos y viejas, que pasado los 60 y 65 años deben seguir trabajando porque si no lo hacen se mueren de hambre, y que prácticamente deben “bailar” dentro de buses con pocos asientos. Así, suma y sigue. Apresuramiento, improvisación, favorecimiento –una vez más- al gran capital, marcan este proceso necesario, pero que como muchas cosas se hizo desde un escritorio, sin considerar la realidad y necesidades de las personas.

ANTES DE LAS VACACIONES, ALGUNAS MEDITACIONES

¿Gobierno Suprapartidario o Sistema Presidencial Autoritario?

¿Encuestacracia o Democracia?

¿Participación o Exclusión?

¡Que se pronuncie el pueblo, como expresión del
Poder Constituyente Originario!

Con motivo de los cambios realizados en algunas Intendencias y Gobernaciones, los Presidentes de los partidos de la Concertación, a través de Sergio Bitar, ex Ministro de Educación, han sostenido que: “Este es un Gobierno Suprapartidario, y no le corresponde dar explicaciones a los partidos, ni a ellos hacer este tipo de gestiones” (Página C2, edición martes 23 de enero de 2007, diario El Mercurio de Santiago).

¿Qué es un Gobierno Suprapartidario y qué rol juegan, en esa clase de gobierno, si es que alguno, las organizaciones llamadas partidos políticos?

El diccionario nos indica que la palabra supra significa “sobre” o “situado por encima”: supraclavicular, supranacional.

La voz encima es definida como “en una posición o parte superior o en una altura más elevada. El plato está encima de la mesa; sólo hay dos jefes por encima de ellos”.

“Sobre, tiene, entre otros, significados el siguiente: Indica dominio o superioridad: el rey mandaba a sus siervos con autoridad”.

Un Gobierno Suprapartidario lo es cuando se encuentra ubicado en una situación o posición más elevada que los partidos políticos, tal como el plato está encima de la mesa y cuando se halla en una situación de superioridad sobre éstos. Seguramente los presidentes de los partidos de la Concertación han seguido esta definición y han entendido que el gobierno se encuentra en un estado o posición de dominio o superioridad encima de los partidos políticos, los que evidentemente tendrían una función de segundo orden, ya que por arriba de ellos se encontraría siempre el gobierno en estado de mandar con autoridad.

Cuando se tiene ese concepto sobre el actual gobierno y por ende sobre la alianza o agrupación de partidos políticos llamada “Concertación”, se incurre en graves errores: los partidos políticos y el gobierno del país, que encabeza la Jefa de Estado, cumplen, tanto política como constitucionalmente funciones diferentes, aunque ambos tratando de buscar siempre los intereses generales del país. Los partidos políticos son asociaciones de hombres y mujeres libres, que han decidido por su propia voluntad, y sin imposición de ninguna especie, hacer política en común, preocuparse de la cosa pública conforme a determinados principios y valores. Estas asociaciones de personas libres, no forman parte de la organización del Estado, ni menos están sometidas al mando directo de la Presidencia de la República. Lo anterior no le impide, a grupos determinados de partidos políticos, actuar en conjunto, que es lo que hace la Concertación de Partidos por la Democracia. Siendo así los partidos políticos no tienen por sobre ellos o encima de ellos a un gobierno que se encuentre en una situación de dominio o superioridad.

La Concertación de Partidos es simplemente un acuerdo político, concebido en un momento histórico concreto y por ello circunstancial, transitorio y circunscrito a materias bien determinadas, en términos tales que aquellos no se encuentran encadenados a perpetuidad u obligados a mantenerse para siempre en tal estado de acuerdo político, pudiendo según sean los avatares políticos, buscar las orientaciones y posiciones adecuadas. En la práctica, los une un programa de gobierno, muy general, y bastante vago e impreciso.

El actual Gobierno, no es un Gobierno Suprapartidario, sino que simplemente, en los aspectos relacionados con los partidos políticos y sus relaciones con el gobierno, es una típica y simple alianza de gobierno y parlamentaria; así cada uno de los partidos políticos que la conforman concurrieron a proponer al país la candidatura de la actual presidenta de la República y su programa, quien precisamente milita en un partido político. Al tiempo de conformar su primer gabinete, los distintos partidos políticos le presentaron a la Jefa de Estado nombres de personas para los cargos de Ministros y de Subsecretarios, como igualmente respecto a las Intendencias y Gobernaciones. Los partidos políticos de la Concertación interactúan permanentemente con el Gobierno; el equipo político de éste se reúne semanalmente con los Presidente de la Concertación y trata de coordinar sus actividades con los Diputados y Senadores de la Concertación; cuando es necesario el gobierno recaba de las directivas de los partidos políticos de gobierno el apoyo a sus políticas y nuevas iniciativas legales; todos los Ministros y Ministras, Subsecretarios y Subsecretarias, Intendentes e Intendentas, Gobernadores y Gobernadoras, militan en los partidos políticos de la Concertación.

Si este gobierno fuera realmente Suprapartidario y si se encontrare efectivamente por encima de los partidos políticos, no actuaría sólo con los partidos de la denominada Concertación, sino que también con los sectores independientes y en algunos casos, si la prudencia lo aconsejare, también con los partidos de la oposición. Tal situación no se produce por cuanto el carácter Suprapartidario de la Concertación únicamente fue aprobado para el Gobierno del Presidente Aylwin quien pidió tener mayor libertad para constituir su gabinete sin someterse a la ritualidad de la aprobación de las directivas de los partidos políticos, como con tan desastrosas consecuencias había ocurrido con los gobiernos anteriores al 11 de Septiembre del año 1973. Para tal efecto el Presidente Aylwin, suspendió su militancia en el partido Demócrata Cristiano. Cosa distinta es lo que ha sucedido con los gobiernos posteriores: no ha existido ningún acuerdo expreso o tácito para entender que la alianza de gobierno de la Concertación opera solamente para los efectos de elegir al o a la Presidenta, para después carecer de toda intervención responsable en las labores de bien común del respectivo gobierno.
La frase que repiten a menudo los Presidentes de la Concertación y otros dirigentes de ese conglomerado, en el sentido que el nombramiento de los Ministros, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, etc., corresponde a facultades privativas de la Presidenta de la República y por ello sería impertinente emitir juicios de ninguna especie cuando hace uso de las mismas, es una verdad a medias. De acuerdo con la Constitución Política, los partidos políticos no intervienen ni tienen participación de ninguna especie en los nombramientos referidos. Con todo desde el punto de vista político, de una alianza de gobierno, tales nombramientos requieren necesariamente contar con el necesario apoyo y respaldo de los partidos que componen dicha alianza y para ello es menester que el gobierno interactúe, converse y dialogue con los partidos políticos. Si no se produce interlocución de ninguna especie entre la Jefatura del Estado y los partidos políticos para esos nombramientos, no cabe la menor duda que la alianza carecería de sentido, por cuanto los partidos políticos no estarían cumpliendo sus funciones responsablemente.

Los últimos hechos relacionados con el ajuste en los Gobiernos Regionales y Gobernaciones, apreciados conforme a las normas de la lógica, llevan a concluir naturalmente que en las últimas nominaciones necesariamente han participado de algún modo u otro las directivas de los partidos políticos de la Concertación, sin que resulte verosímil sostener que ellos estuvieron completamente al margen de los ajustes efectuados por el gobierno. Por el contrario, todo indica una completa correspondencia de acuerdo entre las directivas de los partidos políticos y la Presidencia de la República, para efectuar los cambios mencionados, aunque uno de los presidentes de esos partidos haya expresado que la participación de los partidos ha consistido en simples sugerencias; o aunque se indique que sólo existiría una información con posterioridad a los nombramientos, ya que esa suerte de excusa, no resulta atendible puesto que esa información necesariamente fue anterior por cuanto de otra manera no se entienden las sugerencias a que alude el presidente subrogante del partido Demócrata Cristiano. En todo caso, no es pecado político, ni constituye falta, infracción o delito de ninguna especie – ni moral ni legal-, bregar por designaciones o nominaciones correctas en los cargos más elevados de la República, en partidos que forman parte de un pacto de gobierno. Por el contrario ello es lo más natural, lógico y normal.

Lo que sucede a nuestro modo de entender es otra cosa que no se quiere ver: la Concertación no está funcionando satisfactoriamente, entre otras razones, dado que no se está tomando en cuenta en las resoluciones políticas la existencia de la totalidad de los partidos políticos propiamente tales –como parte efectiva de una alianza de gobierno y por ello los presidentes de los partidos hacen esas declaraciones que suscitan tantas dudas y preguntas-, ni menos se está ponderando una realidad, cual es que al interior de ellos existen corrientes y tendencias que deben ser tomadas en consideración para no generar un cuadro crítico de desafección o alejamiento. El buen criterio y la sana prudencia así lo aconsejan. Las exclusiones sociales y/o políticas son dañinas para las sociedades, generan fracturas muy difíciles de recomponer y producen conflictos permanentes, donde las odiosidades personales destruyen completamente el sentido de comunidad, de pertenencia, de formar parte de una misma asociación. Es ceguera política y necedad infinita no ver las dinámicas conflictivas que se alientan cuando se excluye a sectores o tendencias políticas determinadas. Hay que velar por el bien común. Ese es el norte. Las políticas de exclusiones sirven sólo para sembrar vientos y después terminar cosechando tempestades. Cuando hay sistemáticas exclusiones, segregaciones y discriminaciones, por cierto, no existe voluntad de escuchar, de dialogar y encontrarse racional y afectivamente; sino que únicamente propósitos de vivir en conflictos permanentes.

Presidencialismo autoritario

Por otro lado, este es un gobierno producto de una alianza política partidaria dentro del marco de un presidencialismo que desde la perspectiva constitucional es autoritario, ya que todas las normas relacionadas con el funcionamiento orgánico del Estado están estructuradas sobre la base de un sistema político de tal naturaleza, que prescinde institucionalmente de la existencia de los partidos políticos. El sistema político presidencial autoritario choca frontalmente con una democracia efectiva, real y participativa, y por ello, sorprende y alarma que los dirigentes de la Concertación, cada vez que se abre debate o cuestión controvertida sobre nombramientos de nuevos Ministros, Subsecretarios, Intendentes o Gobernadores acuden prestamente a las disposiciones de la Constitución que establecen las atribuciones exclusivas del Presidente de la República en estas materias, tal como si toda la política se redujera a un simple control de constitucionalidad y legalidad, como el que lleva a cabo la Contraloría General de la República o el Tribunal Constitucional. La política es eso y mucho más que eso. Cuando se abordan estas materias a nivel político no se está hablando ni preguntando sobre a quién corresponde tal o cual atribución establecida en la Constitución, sino que si la misma está siendo ejercida conforme al mérito de las circunstancias, tomando en consideración los intereses generales del país; eso es efectivamente la gran política, lo otro es puro control de legalidad.

Ese presidencialismo autoritario de la Constitución Política escrita debe aplicarse, teniendo presente lo que pudiera denominarse la Constitución real del país, que demuestra la efectiva vida y existencia de los partidos que sustentan el régimen político de gobierno y que forman alianzas o concertaciones de gobierno y participan en el mismo. Negarse a esa realidad, desconocer lo que pudiera llamarse La Constitución Real y apoyarse, no sólo en la Constitución escrita, invocando lo que ésta define como atribuciones exclusivas de la Jefatura Estado se aleja de la forma práctica como se ha venido actuando paulatinamente desde Marzo del año 1990. Como esa situación es recurrente y siempre se dice reiterativamente, qué vamos a hacer, si se trata de las atribuciones exclusivas del Presidente de la República, pienso que ha llegado la hora no de hacer un seminario como han anunciado los presidentes de los partidos de la Concertación para examinar porqué motivo en las encuestas éstos tiene tanto rechazo; sino que ha llegado el instante de repensar seriamente la Constitución Escrita desde la perspectiva de la necesidad, cada vez más acuciante de una verdadera democracia participativa, que permita contar con una Jefatura de Estado que efectivamente esté más allá de los límites partidarios, para así, a su vez, consagrar o establecer un primer Ministro que responda ante el Parlamento. Para ello debemos abrirnos a un régimen jurídico distinto del que simplemente hemos heredado del proyecto original de la Constitución de 1980, elaborado por la Comisión de Estudios establecido por la Junta Militar que puso término a la democracia el 11 de septiembre de 1973. Pero estamos convencidos que ello sólo lo puede decidir el pueblo soberano, bien sea a través de un plebiscito, o de una asamblea constituyente para así rediseñar los órganos y funcionamiento de Estado. A mí personalmente me satisface más esta última fórmula o camino, ya que así tendríamos en la sociedad chilena un debate serio y responsable sobre los caminos a seguir.

El país necesita crecer social, política, cultural y económicamente. Su crecimiento debe ser superior a las tasas de los últimos 14 años –un simple 4.4% de crecimiento per cápita- y alcanzar el 6% o 7% de crecimiento per cápita. Sólo alcanzaremos ese objetivo con un Estado moderno y no anquilosado, lento y burocrático como el actual; con un Estado solidario y con un proyecto nacional y popular que movilice las capacidades creadoras e innovadoras del país, afirmando nuestras propias identidades culturales y geográficas. Formamos parte del mundo y nos integramos a él, pero lo hacemos desde la perspectiva de América Latina, de América Andina.

Sirve, entonces el tema de los ajustes de los Gobiernos Regionales, como una oportunidad para tratar los problemas de fondo; estos no deben ser delegados en las fundaciones, corporaciones o institutos de estudios que orbitan en torno a los partidos de la Concertación, como con poca imaginación han propuesto los presidentes de los partidos de la Concertación, al disponer un seminario que aborde la crisis de los partidos políticos en las encuestas. La crisis política, por antonomasia, es un tema político de envergadura que amerita analizar y examinar toda nuestra institucionalidad, para ajustarnos democráticamente a los nuevos tiempos. No podemos sucumbir, una vez más, a la verdadera ENCUESTACRACIA en la cual vive y se desenvuelve el mundo político; seducidos o conmovidos corren a seguir los vientos y cursos de acción que creen se deducen obligatoriamente de las encuestas. Las encuestas sustituyen la política y reemplazan a los partidos por sistemas de pura publicidad, pantallas y luces. Debemos retornar a una REPUBLICA expresada en una CONSTITUCION POLITICA pensada desde la perspectiva de la democracia, y no desde la perspectiva de quienes establecieron un régimen de fuerza a partir del 11 de septiembre del año 1973. Las nuevas generaciones tienen derecho a mirar hacia delante y no quedar detenidos en el tiempo, con construcciones jurídicas, políticas e institucionales que responden a otras épocas. No debemos frustrar nuevamente el desarrollo del país y que se vuelva a escribir la historia de un nuevo caso de desarrollo frustrado. Tenemos la oportunidad única de dar un salto hacia delante que impulse al país colectivamente a etapas superiores de desarrollo y crecimiento, incorporando inteligencia, innovación, ciencia, cultura y arte.

Las correcciones, modificaciones, rectificaciones que se proponen respecto del modelo económico, social y cultural en aplicación -de corte neoliberal e individualista-, sólo serán viables si las mismas se incorporan previamente al debate político. Las correcciones o rectificaciones del modelo se abrirán camino siempre que estén insertas dentro de un contexto de cambios políticos, necesarios y evidentes; y cada vez más necesarios, en la misma y exacta medida que el mundo político oficial va mostrando falencias y vacíos para abordar los temas relevantes.

El debate político debe elevarse. Se debe hacer un gran esfuerzo, tanto psicológico como afectivo, para que nos escuchemos recíprocamente; no nos neguemos como comunidad, como miembros de un partido, ni menos como ciudadanos o ciudadanas de nuestra Nación, a conversar entre nosotros y construir fórmulas políticas y económicas que permitan satisfacer los intereses reales de las grandes mayorías del país. Eso requiere, al mismo tiempo un esfuerzo para vencer el egocentrismo y el permanente mirarse en el espejo. Quienes, desde el sector privado, también nos interesan los problemas públicos aspiramos a que quienes ocupan cargos políticos o llevan a cabo funciones públicas, practiquen política con contenidos, principios y valores. Las nuevas generaciones necesitan que sus dirigentes y dirigentas y quienes postulan a líderes, sean verdaderos ejemplos de virtudes republicanas; sólo así las encuestas cambiarán; y el pueblo sabrá adoptar las sabias decisiones que el país necesita.

Hernán Bosselin Correa

Abogado

Santiago, 30 de Enero de 2007

¡ No Mentirás ¡

Dicho en sentido positivo: habla y actúa desde la verdad: saquemos, pues, las consecuencias de este antiquísimo precepto: Ningún ser humano, ninguna institución, ningún Estado y ninguna iglesia o comunidad religiosa tiene derecho a decir falsedad a los demás (Principios de Etica Mundial, Parlamento de las Religiones del Mundo)


En la declaración de Etica Mundial del II Parlamento de las Religiones del Mundo, de Chicago, 1993, (Hacía una Etica Mundial. Declaración del Parlamento de las Religiones del Mundo, Madrid, Trotta, 1994), se sostiene que el mundo atraviesa indudablemente por una crisis muy relevante y de repercusiones globales. Se expresa que “el mundo agoniza. Agonía tan penetrante y opresiva que nos sentimos movidos a señalar las formas en que se muestra para poner de manifiesto lo hondo de nuestra zozobra. La paz nos da la espalda. El planeta está siendo destruido. Los vecinos viven en el temor mutuo. Hombres y mujeres se distancian entre sí. Los niños mueren. Todo ello es terrible”. Al final de dicha declaración se expresa: “La Tierra no puede cambiar a mejor si antes no cambia la mentalidad de los individuos. Nos comprometemos a dilatar nuestra capacidad de percepción sometiendo a disciplina nuestro espíritu mediante la meditación, le plegaria o la reflexión positiva. Sin riesgo, y sin disposición al sacrificio no puede producirse un cambio fundamental en nuestra situación. Por eso nos comprometemos con esta etica mundial, con una mutua comprensión y con aquellas formas de vida que conlleven un concierto social, la consolidación de la paz y el respeto de la naturaleza”.

En los momentos que vive el país, mientras algunos por un lado minimizan las situaciones críticas y otros, como única respuesta, nos dan extrañas versiones que no se compadecen con la verdad, tal como la mayoría del país la ve todos los días; es importante traer al debate algunos de los Principios de Etica Mundial del Parlamento de las Religiones del Mundo. Se sostiene entre dichos Principios que debe existir un compromiso a favor de una cultura de la tolerancia y un estilo de vida honrada y veraz:

“Ser verdaderamente humano de acuerdo con el espíritu de nuestras grandes tradiciones religiosas y éticas significa:
“Hacer valer la verdad, en lugar de confundir libertad con capricho y pluralismo con arbitrariedad.
“Fomentar el espíritu de veracidad en las relaciones interpersonales de cada día en lugar de vivir en la insinceridad, la simulación, y la acomodación oportunista.
“Buscar incesantemente la verdad, animados por una incorruptible voluntad de sinceridad, en lugar de difundir medias verdades ideológicas y partidistas.
“Servir a la verdad, una vez conocida, con confianza y firmeza en lugar de rendir tributo al oportunismo”.

En el tema de los políticos o políticas y sus partidos, afirma la Declaración que estamos comentando:
“Cuando los políticos mienten abiertamente a su pueblo, cuando son culpables de la manipulación de la verdad, de la corrupción o de una desmedida política de abuso de poder tanto en el interior como en el exterior, pierden su credibilidad y no merecen más que perder sus cargos y sus electores. Por el contrario, la opinión pública debería apoyar a aquellos políticos que tienen el valor de decir la verdad al pueblo en todo momento”.

Respecto de los medios de comunicación sostiene la Declaración:
“Para los medios de comunicación, a los que con toda razón se garantiza la libertad reinformación para la búsqueda de la verdad, por lo que en toda sociedad les corresponde la función de vigilantes. Pero esto no quiere decir que estén por encima de la moral, sino obligados a defender con objetividad y transparencia la dignidad de la persona, los derechos humanos y los valores fundamentales. No tienen en absoluto derecho a vulnerar la esfera privada del individuo, ni a desfigurar la realidad, ni a manipular la opinión pública”.

A diario vemos que estos principios tan vitales, que emanan de aquel antiguo mandamiento: No mentir; los vemos a diario transgredidos y reemplazados por una cultura, o con mayor propiedad por una contracultura, que desvaloriza la verdad y que prefiere la manipulación de la misma, bien sea en los espacios públicos o en los medios de comunicación.

Dentro de este contexto es necesario respetar plenamente la libertad de expresión para cuya materialización se requiere necesariamente la presencia de una pluralidad de medios de comunicación. Un mercado concentrado de los medios de comunicación, en dos grandes cadenas, es completamente contradictorio con el libre flujo de la información en una República Democrática, y más grave aún es, cuando en algunos lugares, determinados medios de comunicación articulan determinados mecanismos que permiten manejar en forma relevante informaciones provenientes del ámbito público o de determinados mercados relevantes.

Cobran en consecuencia plena vigencia los principios de ética mundial que nos recuerda el Parlamento de las Religiones del Mundo. Para que no se establezca una contracultura de la mentira deberían realizarse todos los esfuerzos tendientes a privilegiar en el diario acontecer el compromiso con la verdad y con un estilo de vida honrada y veraz; fomentando el espíritu de veracidad y buscando incesantemente la verdad, que a muchos duele, pero que es preferible decirla en tiempo oportuno para evitar males mayores.

En la política chilena renecesita hacer un esfuerzo coherente y consciente de veracidad, para que no se instale una contracultura que lleve a amenazar al mundo mismo; al mundo que agoniza. Por ello debemos hacer nuestra la Declaración de Etica Mundial, particularmente cuando expresa: “Que debemos tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Nos comprometemos a respetar la vida y la dignidad humana, la individualidad y la diferencia, de suerte que toda persona sin excepción reciba un trato humano. Hemos de ejercitarnos en la paciencia y en la aceptación. Hemos de ser capaces de perdonar, aprendiendo del pasado, pero sin ceder jamás a la memoria del odio. Al abrir nuestro corazón a los demás debemos enterrar nuestra mezquinas querellas en aras de la comunidad mundial de manera que llevemos a la práctica una cultura de la solidaridad y de las vinculaciones mutuas”.

Todo lo anterior a propósito de una excelente obra “Reivindicación de una Etica Mundial. Edición de Hans Küng, Editorial Trotta, 2002, Madrid.”





Hernán Bosselin Correa

Abogado

9 de Enero de 2007

GASTOS RESERVADOS: COMENTARIOS SOBRE UNA DENUNCIA CRIMINAL Y SOBRE LA PRESCRIPCION.

GASTOS RESERVADOS, SECRETOS Y SU UTILIZACION EXCLUSIVA EN FINES PUBLICOS
JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA


En todo caso, cualesquiera que fuera la interpretación que se tuviere sobre el término o plazo de la prescripción -10 años o 1 año-, en la situación hipotética que estamos analizando si se alegare la prescripción, nos hallaríamos en un escenario político extraordinariamente conflictivo; ya que para alegar la prescripción habría que reconocer previamente la comisión del delito respecto del cual se alega la prescripción de la acción destinada a perseguir la correspondiente responsabilidad criminal; y la justicia del crimen tendría a lo menos que realizar una investigación sobre quienes han sido los autores de los delitos cuya prescripción se alega y cuando se han cometido dichos delitos.

La opinión pública ha venido tomando conocimiento de una muy intensa controversia política sobre los denominados gastos reservados o secretos de los organismos del Estado. Sin la pretensión de agotar el tema, ni menos de poseer la verdad única y exclusiva sobre tal materia, estimo que es importante opinar sobre estos tópicos:
En virtud del Decreto Ley Nº 406, publicado en el Diario Oficial del 20 de Agosto de 1932, se dictó la normativa relacionada con los fondos para gastos reservados, disponiéndose que para fines de seguridad interior y mantenimiento del orden y la tranquilidad pública, era indispensable la inversión de fondos cuya rendición de cuentas no quedara sujeta a las disposiciones generales que rigen la materia. Para tales efectos, en dicho Decreto Ley, se expresa que se considerará como suficiente rendición de cuentas de la inversión de dichos fondos, los recibos globales que se presenten por el contador del Ministerio del Interior, visados por el Ministro respectivo o los que se presenten por el Director de Investigaciones.
En dicho Decreto Ley, en su exposición de motivos, se expresó que el mismo es dictado teniendo presente: “Que para fines de seguridad interior y mantenimiento del orden y tranquilidad públicos, es indispensable la inversión de fondos cuya rendición de cuentas no puede quedar sujeta a las disposiciones generales que rigen la materia”.
Sobre dichos gastos reservados, la Contraloría General de la República, en diversos dictámenes sostuvo que: “los gastos reservados, si bien en principio no difieren grandemente de los demás gastos presupuestarios, presentan algunas características bastante diversas, tanto en lo que dice relación con la mayor discrecionalidad de la autoridad para su empleo, sin precisar de fuente legal expresa para su aplicación, como por la forma de rendir las cuentas, que no permite en el hecho verificar cuales son los objetivos reales de tal inversión, y consecuencialmente, si estos objetivos están o no vedados por la ley.
Dentro de este orden de ideas, la Contraloría General no ha estado en condiciones de reparar de acuerdo a sus facultades legales, la inversión con cargo a gastos reservados, lo cual en modo alguno puede significar que ello equivale a eximir de responsabilidad a quienes dispusieron su aplicación en fines que no correspondían a objetivos propios de la administración del Estado o prohibidos por la ley. De ser establecida una inversión ilegítima bien puede ser perseguida por vía jurisdiccional, aún habiéndose otorgado por el organismo Contralor el finiquito de sus respectivas cuentas, sin formulación de reparos”.
Igualmente, y con toda claridad, la Contraloría General de la República también ha precisado que: “interesa también saber si tales recursos pueden lícitamente invertirse en labores o actividades políticas partidistas y si el organismo contralor se limita a verificar la exactitud formal de la inversión, o a controlar también su naturaleza o destino. Sobre el particular, es menester tener presente, en primer término que los gastos reservados o secretos, no escapan fundamentalmente a las reglas que rigen en general para todos los gastos públicos, en cuanto se trata de egresos previstos presupuestariamente, y que deben efectuarse en fines de carácter público, esto es, no solo deben considerarse en el presupuesto vigente fondos que han de ser gastados en forma reservada o secreta, sino que el mismo debe corresponder a una finalidad que no sea contraria a la ley”.
En el Dictamen de 3 de agosto de 1992, sostuvo la Contraloría: “sobre el particular, cabe recordar que tal como lo ha señalado la reiterada jurisprudencia de este organismo contralor, contenida, entre otros, en los Dictámenes Nºs 44236 de 1950, 83485 de 1960 y 61020 de 1973, se trata de fondos previstos presupuestariamente, que están en general regidos por el Decreto Ley 406 de 1932 y que se ponen a disposición de los servicios de la administración del Estado para solventar las finalidades propias de los mismos y cuya particularidad consiste en que su inversión, de carácter reservado o secreto, está sujeta a un procedimiento especial de rendición de cuentas en los términos del citado Decreto Ley”.
La Ley 19863, publicada en el Diario Oficial del 6 de febrero del año 2003, en su artículo 4º dispuso “de los gastos reservados se rendirá cuenta anual, en forma genérica y secreta a la Contraloría General de la República, considerando una desagregación por rubros que permita ilustrar a ésta sobre el contenido fundamental de dichos gastos, debiendo acompañarse una declaración jurada que acredite que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6º. El examen y juzgamiento de las cuentas corresponderá al Contralor General de la República, quien lo efectuará expresando al Presidente de la República, de manera secreta, su opinión sobre el destino otorgado a estos gastos. La autoridad fiscalizadora conservara, en todo caso, la responsabilidad que le corresponde por la mantención del secreto. Conforme al artículo 6º de esta Ley los gastos reservados sólo podrán emplearse en los fines propios de las actividades respectivas. Con cargo a éstos no podrán efectuarse pagos a funcionarios públicos. Del mismo modo, no podrán efectuarse transferencias de recursos provenientes de gastos reservados para el financiamiento de campañas políticas, de partidos políticos u organizaciones gremiales”.
Con motivo de los hechos relacionados con los gastos reservados utilizados por Augusto Pinochet Ugarte y que fueron analizados en la causa Rol 1649-2004, que instruyó el actual Ministro de la Corte Suprema, don Sergio Muñoz Gajardo, en aquel entonces Ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago, por Resolución del 18 de Octubre de 2005, al solicitarse el desafuero se argumentó en su Considerando 2º: “Que a estos autos se allegaron diversos elementos de juicio, que en relación a la malversación de caudales públicos, en la actual etapa de investigación se puede tener por establecido …….. De acuerdo a lo indicado en los documentos tenidos a la vista a la fecha, se tiene que de los dineros provenientes de gastos reservados destinados a la Casa Militar los cuales ingresaron a cuentas aperturadas en el Riggs Bank Miami por militares chilenos y bajo el nombre ficticio de John Long, se utilizaron para gastos propios de Augusto Pinochet Ugarte y de su familia, la cantidad de US$ 285.218,73, fondos a lo menos respecto de los cuales existe plena certeza que se configura el delito de malversación de caudales públicos”; y en su Considerando 3º dicha resolución expresó: “Que la utilización de gastos reservados con fines particulares de quien puede disponer de ellos, constituye según se ha dicho el delito de malversación de caudales públicos, que por su monto se encontraría previsto en el artículo 233 Nº 3 del Código Penal, ilícito en el cual le corresponde participación inmediata y directa a Augusto José Ramón Pinochet Ugarte”.
En esa misma resolución queda constancia expresa que sobre el manejo de los dineros provenientes de la Casa Militar, los cuales correspondían a gastos reservados, fueron interrogadas diversas personas, que conforme a la normativa del Código Penal tienen la calidad de empleados públicos, atendida su forma de remuneración.
Conforme con lo que se viene exponiendo queda claro respecto de los gastos reservados que, las normativas que los han regulado, el Decreto Ley Nº 406 de 1932 y la actual Ley 19.863, disponen a su respecto una cuenta o rendición de cuenta, genérica y secreta y un uso discrecional de los mismos; sin embargo, dicho uso discrecional en modo alguno significa que ellos puedan ser utilizados en fines distintos de los que dicen relación con el órgano que recibe tales recursos. Por eso la Contraloría General de la República, junto con concluir que la autoridad goza de amplia discrecionalidad en la inversión de fondos con cargo a gastos reservados, pudiendo merced a ella determinar sus objetivos; al mismo tiempo afirma que los objetivos a los cuales pueden ser destinados tienen que ser necesariamente de carácter público, deben corresponder a fines propios de la administración del Estado.
A su vez, los tribunales de justicia, al razonar sobre los gastos reservados, como se hizo en la causa Rol Nº 1649-2004, de la Corte de Apelaciones de Santiago, han sostenido que la utilización de gastos reservados con fines particulares de quien pueda disponer de ellos, constituye el delito de malversación de caudales públicos.
8. Los funcionarios o empleados públicos, respecto de tales gastos reservados, en la medida que los mismos se utilicen o se destinen a los fines propios de los órganos públicos pertinentes, deben guardar el correspondiente secreto; pero dicha obligación de guardar el secreto, no rige, por razones obvias cuando esos fondos o dineros no son utilizados en los fines públicos del órgano correspondiente. Cuando se produce este último evento, la obligación de guardar reserva o secreto se sustituye por la obligación de denunciar, ante los órganos pertinentes las correspondientes infracciones legales.
El artículo 173 del Código Procesal Penal dispone que cualquiera persona podrá comunicar directamente al Ministerio Público el conocimiento que tuviere de la comisión de un hecho que revista caracteres de delito. Con todo la denuncia pasa a ser obligatoria para, entre otros, los empleados públicos que en el ejercicio de sus funciones toman conocimiento de la comisión de un delito, teniendo un plazo de 24 horas para hacerlo. Las personas que omitan hacer la denuncia, estando obligado a ello, incurren en la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal.
9. La Contraloría General de la República, al evacuar una consulta del Presidente del Consejo de Defensa del Estado, el 16 de Abril de 1974, expresó:
“El señor Presidente del Consejo de Defensa del Estado ha tenido a bien consultar a la Contraloría General, sobre cual ha sido el criterio por ella aplicado para calificar de regular o lícita la inversión de recursos en calidad de gastos reservados de la Presidencia de la República, en especial, cual es el destino natural y obvio de estos gastos y sus límites. Interesa también al Consejo de Defensa del Estado, saber si tales recursos pueden lícitamente invertirse en labores o actividades políticas partidistas y si el organismo contralor se limita a verificar la exactitud formal de la inversión, o si controla también su naturaleza y destino. Sobre el particular, es menester tener presente, en primer término, que los gastos reservados o secretos, no escapan fundamentalmente a las reglas que rigen en general a todos los gastos públicos, en cuanto se trata de egresos previstos presupuestariamente, y que deben efectuarse en fines de carácter público, esto es, no sólo deben considerarse en el presupuesto vigente fondos que han de ser gastados en forma reservada o secreta, sino que el gasto mismo debe corresponder a una finalidad que no sea contraria a la ley; más adelante, la Contraloría General de la República, en su respuesta al Presidente del Consejo de Defensa del Estado le precisó que: dentro de este orden de ideas, la Contraloría General no ha estado en condiciones de reparar de acuerdo a sus facultades legales, la inversión con cargo a gastos reservados, lo cual en modo alguno puede significar que ello equivale a eximir de responsabilidad a quienes dispusieron su aplicación en fines que no correspondían a objetos propios de la administración del Estado, o prohibidos por la ley. Esta inversión ilegítima, de ser establecida bien puede ser perseguida por vía jurisdiccional, aún habiéndose otorgado por el organismo contralor el finiquito de sus respectivas cuentas, sin formulación de reparos”.
Desde esta perspectiva no es dable sostener que el uso de los gastos reservados antes del año 2003 fue discrecional en términos absolutos y, por lo tanto, cualesquiera hayan sido los destinos de ellos, no habría existido ilícito o delito alguno; por cuanto antes de la dictación de la Ley 19863 y sobre la base del Decreto Ley 406 del año 1932 la Contraloría General de la República había sostenido en términos reiterados que el uso discrecional de los fondos correspondientes a los gastos reservados, no significaba que los mismos podían ser utilizados en fines distintos de los cometidos públicos del órgano pertinente del Estado.
Sobre la afirmación que con anterioridad al año 2003 la discrecionalidad en el uso o destino sobre gastos reservados habría hecho posible que ellos se usarán en cualquier cosa, conviene recordar la resolución ya citada del 18 de octubre de 2005, dictada en la causa Rol Nº 1649-2004 instruida por el Ministro de Fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago don Sergio Muñoz Gajardo, quien afirmó que el uso de los gastos reservados en fines particulares constituía malversación de caudales públicos. En este caso se estaba refiriendo a gastos reservados utilizados en años muy anteriores a 2003. Se trata nada menos en dicha resolución, de los gastos reservados de la Casa Militar correspondiente, entre otros a los años 1981, 1982, 1984, 1985, 1988, 1989, y también a los años 1994 y 1997, según se deduce del Considerando 2º de esa resolución, dictada en la causa relacionada con el manejo de los dineros de gastos reservados de la Casa Militar de Augusto Pinochet Ugarte.
Donde existe la misma razón, naturalmente debe existir, la misma conclusión o disposición.
Desconozco e ignoro completamente si los gastos reservados durante los gobiernos de la Concertación tuvieron o han tenido, en alguna ocasión, un destino distinto de los fines públicos propios de los órganos del Estado. Espero, y por cierto confío, como todos los que hemos respaldado a tales gobiernos, que ello nunca haya sucedido, ya que tales conductas no tendrían justificación jurídica y ética de ninguna especie y merecerían los más severos reproches; si tal destino diferente hubiere desgraciadamente existido, lo que procedería sería adoptar resoluciones políticas que permitan que la opinión pública confirme su confianza en el gobierno de la República; y para ello, sería menester respetar plenamente las normas jurídicas del Estado de Derecho. En estas delicadas materias las responsabilidades, desde el punto de vista penal, si las hubiere, son de carácter eminentemente personales. Pero esas responsabilidades personales no excluyen la posibilidad de formular reproches políticos e incluso morales respecto de las conductas que no se hubieren ajustado al ordenamiento jurídico positivo chileno, tanto en su tenor literal, como en su espíritu.
La Constitución Política prescribe que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones (artículo 8 de la Constitución Política de la República); y la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular; y ese interés general se expresa en la integridad ética y profesional de la administración de los recursos públicos que se gestionan; en el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas; en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de ejecución de las normas, planes, programas y acciones (artículo 53 Ley 18575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado.
A diferencia de otras personas que han opinado e interpretado sobre la materia, y que han sostenido que a su parecer la Ley 19863, en su artículo 6° se estaría de algún modo reconociendo que antes de la dictación de esa ley los gastos reservados podían destinarse al financiamiento de otros objetivos; somos de opinión que, antes de la entrada en vigencia, estaba ya vedado destinar los gastos reservados a fines u objetivos distintos de los propios de la administración del Estado, por cuanto se trata de recursos públicos sometidos, entre otras normas jurídicas, a la Ley sobre Administración Financiera del Estado; y para traspasar esos recursos públicos, a personas jurídicas que no forman parte de la administración del Estado, se necesitaba una autorización legal expresa para ello. De esta manera, la Ley 19863 debe ser interpretada sistemáticamente y no debe buscarse en ella un saneamiento respecto de situaciones que pudieran haberse producido con anterioridad a su dictación, por cuanto dicho cuerpo legal no lo dice. Si la intención o espíritu de la Ley 19863 hubiera sido efectivamente convalidar o sanear eventuales situaciones anteriores, el legislador lo habría dicho expresamente. Nada de ello ocurrió y el intérprete no puede extraer conclusiones que no emanan, bajo ningún respecto del análisis, gramatical, lógico, histórico y sistemático de la mencionada Ley. Esta es, al menos, mi personal opinión; otros podrán pensar distinto, máxime cuando se trata de temas jurídicos de suyo complejos.
14. Respecto de la denuncia criminal que, conforme al antiguo procedimiento penal, han presentado a los tribunales de justicia, dirigentes de Renovación Nacional y de la UDI, relacionada con los gastos reservados y que se basa, según han expresado a los medios de comunicación, exclusivamente, en declaraciones de determinados dirigentes políticos de la Concertación no aparece seria y sólidamente fundada por el siguiente motivo: tales dirigentes políticos de la Concertación no fueron claros y precisos en sus dichos, no mencionan ni menos denuncian irregularidades, hechos y circunstancias determinadas de ninguna especie ni entregan mas antecedentes que simples razonamientos teóricos y abstractos; los que resultan completamente insuficientes para construir una denuncia criminal, sólo a partir de aquello que a todas luces es una simple crítica política.
El tenor mismo de la denuncia criminal, publicado por La Segunda, Emol.com, revela vaguedad y muchas dudas en sus redactores y en quienes suscribieron tal presentación; y seguramente por dicha razón, al tiempo de calificar los hechos denunciados hacen referencia nada menos que a siete figuras delictivas –artículos 233, 234, 235, 238, 239, 240 y 240 bis del Código Penal-, sin precisar cual de todas sería aquella en que encuadrarían los supuestos hechos denunciados, los que tampoco aparecen descritos. Tales defectos de la denuncia criminal, sumados a la gran cantidad de personas respecto de las cuales se pide su citación judicial, sin expresar la razón por las cuales deberían ser citados, merece un reproche respecto de los denunciantes, ya que sus calidades de Diputados y Senadores –legisladores-, los obliga al requerir la intervención de un órgano jurisdiccional, de un tribunal del crimen, a emplear una extremada diligencia y cuidado; diligencia y cuidado que no se observa en su denuncia; la que adolece, a nuestro entender de las debilidades y gruesos defectos jurídicos denunciados.
El tema de la prescripción.
Dentro del marco de la discusión sobre los gastos reservados ha surgido el tema de la prescripción que algunos han planteado habría obedecido a una suerte de pacto político que conduciría, según comenta en su editorial del 26 de diciembre de 2006, un importante periódico de Santiago, a una auto amnistía de los sectores políticos.
Para abordar la prescripción, deben tenerse en consideración diversos aspectos.
El artículo 233 del Código Penal prescribe que “el empleado público que, teniendo a su cargo caudales o efectos públicos o de particulares en depósito, consignación o secuestro, lo sustrajere o consintiere que otro lo sustraiga será castigado: 3.- Con presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de once a quince unidades tributarias mensuales, si excediere de cuarenta unidades tributarias mensuales”.
De acuerdo con el artículo 94 del Código Penal la acción penal prescribe: respecto de los crímenes, en 10 años. La acción penal para perseguir delitos sancionados con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio, vale decir de cinco años y un día a quince años prescribe, en 10 años.
En la Ley 18603 Orgánica Constitucional de los partidos políticos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 de la Ley 19884 de 5 de Agosto de 2003, se introdujo el siguiente artículo 54:
“Artículo 54. El plazo de prescripción por las faltas o infracciones establecidas en esta ley, incluidos los delitos conexos a ella, será de un año contado desde la fecha de la elección”.
Los denunciantes, sobre la base de los dichos de determinados dirigentes de la Concertación, sostienen –sin señalar pruebas de ninguna especie- que supuestamente dineros del Fisco habrían sido destinados a financiar a determinados partidos políticos, al margen de la normativa legal.
En el artículo 33 de la Ley de Partidos Políticos se dispone que” los ingresos de los partidos políticos estarán constituidos por las cotizaciones ordinarias o extraordinarias que efectúan sus afiliados, por las donaciones, por las asignaciones testamentarias que se hagan en su favor y por los frutos y productos de los bienes de su patrimonio. Los partidos inscritos o en formación sólo podrán tener ingresos de origen nacional”.
En el artículo 50 de la Ley 18603 se prescribe “que la contravención a lo dispuesto en el artículo 33 será sancionada con el comiso de los ingresos ilegales y con multa de hasta un veinte por ciento del valor de los bienes corporales o incorporales involucrados, la que será de cargo del partido”.
De esta forma, si hipotéticamente algún partido político hubiere recibido aportes del Fisco de Chile, al margen de la normativa relacionada con los gastos electorales contemplada en la Ley 19884, se habría incurrido en la infracción del artículo 50 de la Ley 18603, por cuanto se trataría de ingresos que no corresponderían a ninguno de los rubros establecidos en el artículo 33 de dicho cuerpo legal, que sólo contempla como ingresos de los partidos políticos los ya mencionados; ingresos a los cuales habría que agregar los destinados a cubrir los gastos electorales de acuerdo con lo previsto en la Ley 19884.
En dicha hipótesis, surge la discusión pública sobre la prescripción de los delitos conexos a que se refiere el artículo 54 de la Ley 18603 Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos y si dentro de dichos delitos conexos podría considerarse una eventual malversación de caudales públicos. Como el legislador dispone que la prescripción incluye los delitos conexos con las faltas o infracciones establecidas en dicha Ley 18603, no cabe la menor duda que de producirse dicha conexión, el término de la prescripción de la malversación de caudales públicos, podría ser interpretado por algunos como de un año contado desde la última elección, por cuanto el legislador hace correr el término de la prescripción a partir de dicho evento.
Por ciento que esta es una materia respecto de la cual recién se ha abierto la discusión y habrá que estudiar con mayor profundidad la historia del establecimiento de la Ley 19884 de 5 de Agosto de 2003.
Igualmente habría que analizar si en la intención y espíritu de la ley 19884, especialmente en la norma que establece la prescripción de un año del artículo 54 de la Ley 18603 estuvo comprender delitos tan graves como la malversación de caudales públicos, que en el Código Penal tiene un término de prescripción, por la cuantía de la materia, de diez años. ¿Quiso el legislador que la prescripción del delito de malversación de causales públicos, castigada con pena de crimen, quedara reducida sólo a un año, contado desde la última elección?
Por otro lado, cuando el legislador en el artículo 54 de la Ley 18603 expresa que el término de la prescripción de un año se cuenta desde la fecha de la elección, se podría abrir camino a otra interpretación de dicha norma; toda vez que la mención que se hace a la fecha de la elección, sugiere que está refiriéndose a delitos conexos con infracciones electorales que contemplaría la Ley 18603. Con todo es el caso que la Ley 18603 no contempla infracciones electorales de ninguna especie, y, en consecuencia, no podrían conectarse la malversación de caudales públicos con ninguna infracción electoral de la Ley 18603, puesto que ésta no las establece; y por ello, tal delito de malversación de caudales públicos necesariamente prescribiría conforme al Código Penal y no de acuerdo con el artículo 54 de la Ley 18603.
En todo caso, cualesquiera que fuera la interpretación que se tuviere sobre el término o plazo de la prescripción -10 años o 1 año-, en la situación hipotética que estamos analizando si se alegare la prescripción, nos hallaríamos en un escenario político extraordinariamente conflictivo; ya que para alegar la prescripción habría que reconocer previamente la comisión del delito respecto del cual se alega la prescripción de la acción destinada a perseguir la correspondiente responsabilidad criminal; y la justicia del crimen tendría a lo menos que realizar una investigación sobre quienes han sido los autores de los delitos cuya prescripción se alega y cuando se han cometido dichos delitos.
16. Una reflexión final: Si la República hubiera lamentablemente sufrido situaciones como aquellas que hoy preocupan a la opinión pública relacionadas con el destino final de los gastos reservados –situaciones anormales o irregulares que verdaderamente confiamos no hayan ocurrido bajo los gobiernos de la Concertación por ser ellas incompatibles con los principios y valores que han inspirado sus propósitos de bien público-, y a las cuales vagamente y sin propiedad y certeza alude la denuncia criminal comentada, correspondería a las autoridades que han recibido un mandato popular, comprobado que fuere, por el órgano jurisdiccional competente algún ilícito penal, adoptar resoluciones enérgicas y definitivas. No cabrían aquí las defensas corporativas. Por sobre los partidos políticos, y por cierto por sobre la Concertación se encuentra el país, el bien común de la Nación toda y son los intereses de ella los que deben ser protegidos y salvaguardados; porque estos intereses son permanentes y van más allá de las coyunturas políticas. El bien común dice relación con todos y cada uno de los chilenos y de las chilenas, cualesquiera que sea su orientación política, o ideológica.
Junto con ello, es bueno resaltar la necesidad de una aclaración convincente y sólida sobre el tema de los gastos reservados. La impronta moral, valórica y épica que le imprimieron miles y miles de chilenos y chilenas al proceso de recuperación de la democracia exige transparencia, valor, decisión y un amor profundo a la Nación, y a los valores de la justicia, libertad, verdad y democracia. Las autoridades están para servir a todo el pueblo de Chile, para servir al pueblo soberano.
Quienes pertenecemos al partido Demócrata Cristiano y tratamos de ajustar nuestras conductas a sus valores y principios, confiamos en que su militancia y dirigencia mayoritariamente ha respetado tales valores y principios y ha dado muestras reales de respetar plenamente el ordenamiento jurídico positivo que nos rige como nación organizada.
Los y las demócratas cristianos siempre tenemos presente en nuestra vida cotidiana, tanto pública como privada aquella afirmación de Jacques Maritain que dice:
“Tal doctrina se relaciona, sobre todo, con la cuestión de la jerarquía de los medios. Se basa en el axioma de que el orden de los medios corresponde al orden de los fines. Exige que un fin digno del hombre se realice por medios dignos del hombre. No da tanta importancia a la negativa a emplear ciertos medios, como a la voluntad positiva de servirse de medios, no solo buenos en general, sino verdaderamente proporcionados a su fin, que en sí lleven realmente la imagen y la huella de su fin: medios en que se encarnen aquella santidad y aquella santificación del profano de que se trató en el capítulo anterior” ( Humanismo Integral, página 267, Ediciones Ercilla, 1947).




Hernán Bosselin Correa
Abogado

Santiago, 27 de Diciembre de 2006.

Demasiado daño, demasiado dolor


Hace tan sólo algunas horas el corazón de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte dejó de latir. De inmediato miles de voces divergentes se levantaron en el país y el mundo para calificar su gestión, su vida, sus decisiones. En el Hospital Militar dos mil personas avivaban a su héroe y reaccionaban con violencia contra la prensa. Un par de kilómetros más hacia el centro de la capital de Chile, otros miles descorchaban champagne y expresaban su alegría por la muerte del ex dictador.
En un plano intermedio, la presidenta Michelle Bachelet, un par de ministros y el Comandante en Jefe del Ejército, tomaban decisiones respecto al carácter del funeral de quien por diecisiete años tuviera las riendas del país sin ningún control, tanto, que ni las hojas podían moverse sin que él lo supiera.
Él llegó finalmente al único momento de nuestras vidas -la de todos-, que nos pone en igualdad absoluta de condiciones: la muerte. Porque más allá de la pompa y circunstancias de algunas despedidas y de la soledad de otras, el último respiro nos deja a todos a las puertas del único juicio que no podemos eludir: el de Dios para algunos; el de la historia para otros; el de la fuerza creadora; el de Alá; el de los ancestros.
Hoy, pasadas algunas horas, algo de razón, de calma comienza a poblar los espíritus.
Augusto Pinochet irrumpió en la vida nacional un oscuro día de agosto de 1973 cuando Salvador Allende, presidente Constitucional, lo nombró Comandante en Jefe del Ejército. Ni Pinochet ni Allende sabían que ese día representaba un giro en sus historias. Allende personificaba el inicio de la idealización de un período, de un gobierno, plagado de pasiones, de errores, de odios, de ideales, que con su muerte rodeada de misterio en un inicio y de heroísmo después, pasaba a consagrarse venciendo cualquier dato objetivo, cualquier análisis racional.
Pinochet en tanto inició un reinado de 17 años. Venciendo su indecisión -su miedo probablemente-, se sumó al golpe militar del 11 de septiembre de 1973. De ahí en tanto tomó la fuerza, la seguridad y la decisión de quien no tiene nada que temer ni nadie a quien responder, porque miles de miles de armas respaldaban su accionar.
Miles de chilenos pagaron con su vida, su seguridad, su nacionalidad, su familia, su libertad, su integridad física y mental su adhesión a un proyecto político inserto en la odiosa guerra fría que Estados Unidos y la ex URSS encabezaban.
Con todo a su favor, tomó una opción en el campo económico que es su más importante argumento a favor. Optó por entregarle el apoyo a un grupo de economistas influidos por la escuela de Chicago que propugnaban el reinado del mercado.
Así, sin una fuerte oposición, salvo los intentos de algunas cúpulas políticas que apoyaron el gobierno de Allende y algunos sindicalistas que iban del arco de la DC al PC, Pinochet impuso un sistema; aplastó a quienes demandaban libertad, justicia y democracia; dispuso de la vida y del dolor de miles de chilenos y chilenas, entre ellas la actual presidenta de la República, e inició la aplicación de un régimen que voló de una plumada los derechos de los trabajadores; persiguió quienes pensaban distinto, amparó a cientos que se enriquecieron ilícitamente.
Hoy día, con Pinochet muerto, seguimos viviendo el modelo y sistema que él aprobó y bendijo. Modelo que puso al país en el camino de la modernidad, el desarrollo y el bienestar para algunos, pero de la marginación y la injusticia para muchos; para demasiados, para la mayoría.
Dieciséis años de gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia no han sido capaces de vencer este modelo de injusticia. Al contrario. Los beneficiados de ayer han formado una “santa alianza” con los administradores de hoy.
Pero el peor pecado de Pinochet no fue haber optado por el modelo económico libremercadista. No. Su peor pecado fue hacer un trabajo lento, disimulado, infame, orientado a introducir un cambio cultural nefasto. Su paso de 17 años por el gobierno significó introducir el germen de individualismo, del egoísmo, de la insolaridad en el alma del chileno. A la discapacidad respondemos con el negocio de la Teletón; a la soledad de los viejos respondemos con el negocio de fundaciones; al desamparo de niños y jóvenes respondemos con campañas y sponsors.
Se fue Pinochet. Sembró demasiado daño, repartió mucho dolor. Nos transformó en alguien que no quisiéramos ver en el espejo.

Revista Impacto.

Para recordar

Hace tan sólo algunas horas Augusto Pinochet murió. Justo cuando el moría veníamos de regreso con mi familia de la localidad de San Enrique, donde naciera Manuel Antonio Bustos Huerta, padre de mis dos amados hijos.
Recorrimos sus caminos, miramos la casa donde creció, sentimos el aire que respiró, el sol que le abrigó, el viento que despeinó sus cabellos, el cielo estrellado que abrigó sus sueños, la escuela donde se educó, el camino que debía recorrer para llegar a ésta, el estadio municipal que lleva su nombre con el agregado de “Diputado”. Mucho quizás para un niño nacido en adversas condiciones. Lo justo para quien en la adversidad recibió el amor y apoyo para surgir, para salir adelante, y para quien tenía los ideales de la democracia, la justicia y la libertad como norte en su vida.
Su opción social y política fue la de representar a muchos como él que, teniendo talentos y virtudes, no tenían oportunidades. El sindicalismo y la democracia cristiana fueron sus caminos. Vivió el esperanzador período de la Revolución en Libertad de Eduardo Frei Montalva; vivió el caótico período de Salvador Allende como dirigente de la Central Única de Trabajadores; vivió la larga dictadura de Augusto Pinochet “en plenitud”. Primero como detenido por más de tres meses en el Estadio Chile y en el Nacional después. Participó de los primeros intentos por rearticular el movimiento sindical; lideró la oposición tras la formación de la Coordinadora Nacional Sindical, siguió luego en la CNS y en la creación de la Central Unitaria de Trabajadores.
Tuvo muchos motivos para odiar. Tuvo muchos motivos para actuar con rencor. Pero nada de eso ocurrió. Tuvo la oportunidad de sumarse a la gran cantidad de querellas en contra de Pinochet, por todas las acciones represivas que sufrió. Encarcelado en innumerables oportunidades; exiliado, relegado, perseguido, optó por no seguir el camino de la persecución de responsabilidades. Pinochet ya estaba desmejorado. Cuando le ofrecieron iniciar la acción legal conversó con nosotros, con su familia. Tenía dudas ¿gana el país y la gente con un Pinochet enjuiciado?; ¿vale la pena la acción legal y ahondar un clima de odiosidad? ; ¿Ganaba o se atemperaba el dolor y el miedo vivido con un Pinochet preso? No.
Pero luego vino la acusación constitucional lideraba por jóvenes diputados DC. Ahí no hubo duda. Se trataba de una acusación política, de un enjuiciamiento histórico a la dictadura que lideró. Ahí no hubo duda. Nadie habría podido comprender una absolución o un voto en blanco. En lo personal, ni odio ni rabia. En lo político, un claro enjuiciamiento al líder de una de las peores dictaduras del mundo.
Fue significativo el retorno desde San Enrique, lugar bucólico, humilde, muy chileno. En el camino, cantando el feliz cumpleaños a mi hermano, el tío Darío, nacido el Día Internacional de los Derechos Humanos. En el camino, la noticia inesperada: la muerte de Pinochet. En el camino, los recuerdos que afloran y el comentario apasionado de nuestra hija: “ya murió, ya han sufrido él y su familia, para qué querer más. Que se vaya tranquilo y que Dios lo perdone”.

Myriam Verdugo Godoy
Presidenta Instituto Jorge Ahumada
Consejera Nacional PDCSantiago 11 de diciembre de 2006.

¿ASPIRINA, PARACETAMOL, MEJORAL O UNA TERAPIA ANTIMICROBIANA?

23 de Noviembre de 2006

Todos los chilenos y chilenas nos estamos preguntando si las reacciones de las autoridades ante sucesos que llenan de vergüenza al país entero y que debieran estar conmoviendo, hasta en sus cimientos al mundo político, son las correctas o simplemente representan meros paliativos para tratar los síntomas –simples aspirinas o paracetamol-, o, en realidad constituyen una terapia antimicrobiana, vale decir, resoluciones, programas y voluntades decididas a tratar en profundidad, en sus raíces y causas la corrupción que se ventila en los ambientes políticos.
Hemos escuchado las interesantes proposiciones que una Comisión Especial ha hecho a la Presidenta de la República y de igual modo hemos leído atentamente los informes que la Presidenta del Partido Demócrata Cristiano entregó al señor Ministro del Interior. En todos esos documentos, como en muchos otros, se proponen diversas iniciativas y la mayoría de ellas son de orden legal: modificaciones al funcionamiento de la Contraloría General de la República, reforzamiento de las facultades fiscalizadoras de los entes competentes, crear nuevas incompatibilidades entre las funciones públicas y privadas, fiscalizar con mayor eficiencia las rendiciones de cuentas en las campañas políticas, etc., etc.
Todas esas medidas sugieren incrementar las normas legales y reglamentarias. Sin embargo, quienes han estudiado en otras latitudes el tema de la corrupción, han hecho la siguiente reflexión: “Noruega es uno de los líderes mundiales en transparencia: allí la corrupción en casi inexistente. Sin embargo, la legislación anticorrupción es reducida. La causa se halla en los valores sociales predominantes. Un corrupto sería duramente excluido por su familia, los vecinos, los círculos sociales. Finlandia tiene la tasa de presos más baja de Europa y, al mismo tiempo el menor número de policías per cápita del continente. La prevención de la criminalidad se halla en la cultura de valores, en el acceso a oportunidades y en el sistema “de prisiones abiertas”, que efectivamente rehabilitan. Suecia casi ha erradicado la discriminación de género. Una opinión pública que considera la igualdad de género un punto de principio presiona por sus avances. Canadá tiene uno de los sistemas de salud de mejor calidad del planeta y totalmente inclusivo. Holanda, como los países nórdicos, Canadá y otros estados líderes en lo económico – social, tiene altos niveles de equidad en la distribución de ingreso y acceso universal a educación y salud. En las culturas de todos estos países predomina una actitud de rechazo a las grandes desigualdades y de apoyo a la equidad y a la igualdad de oportunidades”. “Si los valores dominantes se concentran en el individualismo, la indiferencia frente al destino del otro, la falta de responsabilidad colectiva, el desinterés por el bienestar general, la búsqueda como valor central del enriquecimiento personal, el consumismo y otros semejantes, puede esperarse que estas conductas debiliten seriamente el tejido social y conduzcan a todo orden de impactos regresivos. Estos pueden ir desde fuertes inequidades económicas , que según indica múltiples investigaciones, generan poderosas trabas a un desarrollo económico sostenido, hasta, como ya se mencionó, descensos en la cohesión social que puede, incluso influir negativamente sobre la esperanza de vida promedio.” “UNO DE LOS EFECTOS VISIBLES DE LA VIGENCIA DE VALORES INSOLIDARIOS, ES LA EXTENCION DE LA CORRUPCION EN DIVERSAS SOCIEDADES. COMO LO RESALTA LOURDES ARIZPE: LA INSISTENCIA MONOTEMATICA DE QUE ENRIQUECERSE ES LO UNICO QUE VALE LA PENA EN LA VIDA HA CONTRIBUIDO EN GRAN MEDIDA A ESA TENDENCIA” (Más ética, más desarrollo, Bernardo Klikberg, Mayo de 1994, temas grupo editorial SRL, 2006).
Por otra parte los analistas de los diversos tipos de delincuencia, especialmente del delito de cuello blanco o del delito que se relaciona en cierto sentido con el poder y con las organizaciones políticas han elaborado múltiples teorías para explicar los fundamentos que llevan a producir delitos y actos de corrupción. En 1938, Robert K. Merton publicó su perdurable trabajo: Anomia y estructura social que desarrollaba el concepto de anomia ya consagrado por E. Durkheim: Merton consideraba que existían contradicciones estructurales en la realidad social norteamericana ya que por un lado se difundía un mensaje de recompensa de enriquecimiento personal de carácter meritocrático, pero también señalaba que en la realidad los medios para lograrlo de manera legítima o legal no estaban disponibles para todos; de tal manera una parte numerosa e importante de la ciudadanía recurría a medios ilegales en pos del valor supremo del sistema, el enriquecimiento personal.
En esa misma época, en 1939, Edwin Sutherland pronunciaba su discurso sobre la delincuencia de cuello blanco: “Los ladrones reciben ayuda de personas y organismos considerados legales y protectores oficiales de la sociedad; encuentran en esta gente y en estos organismos un sistema de depredación controlada que se asemejan a la suya. Los mecanismos que rigen la vida política de numerosas ciudades americanas y numerosos distritos de provincia, están generalmente sometidos a un control venal. Los ladrones profesionales y los políticos, ligados por el interés que encuentran en este control ilegal suelen trabajar juntos para obtener beneficios recíprocos. La cooperación entre la policía y los tribunales es necesaria en la medida que ambos organismos están bajo control de la maquinaria política – administrativa. El ladrón lejos de estar separado de esta parte de la sociedad, se halla en relación estrecha a íntima con ella, no sólo en su vida profesional, sino también en su vida social. Esas relaciones se establecen en los clubes de juego, los cabarets y las casas de cita, en donde todas esas personas consideradas honorables se divierten en sus ratos de ocio”.
Al Capone, en 1932, declaraba ante el tribunal: “Soy un hombre de negocios y nada más. Gané dinero satisfaciendo las necesidades de la nación, no puedo cambiar la situación del país. La afronto, eso es todo. Los negocios son las estafas legítimas. Esa gente dice que yo no soy legítimo. Nadie es legítimo. Eso lo saben ustedes y lo saben ellos y luego se preguntaba: ¿Porqué los mayores banqueros y hombres de negocios y políticos y gente profesional nadan detrás de mi para mantener el sistema marchando” (Delincuencia Económica e Ideología de la Defensa Social, Le Monde Diplomatique, en español, México 1983).
A partir de esas afirmaciones Edwin Sutherland elaboró su famosa teoría sobre la Asociación Diferencial que explica el comportamiento criminal en 9 afirmaciones: 1.- El comportamiento criminal se aprende; 2.- El comportamiento criminal se aprende en contacto con otras personas mediante un proceso de comunicación; 3.- el comportamiento criminal se aprende sobre todo en el interior de un grupo restringido de relaciones personales; 4.- Cuando se ha adquirido la formación criminal esta comprende: a) La enseñanza de técnicas para cometer infracciones que son unas veces muy complejas y otras veces muy simples; b) La orientación de móviles, de tendencias impulsivas, de razonamientos y actitudes; 5.- La orientación de los móviles y de las tendencias impulsivas está en función de la interpretación favorable o desfavorable de las disposiciones legales; 6.- Un individuo se convierte en delincuente cuando las interpretaciones desfavorables relativas a la ley prevalecen sobre las interpretaciones favorables; 7.- Las asociaciones diferenciales pueden variar en lo relativo a la frecuencia, la duración, la anterioridad y la intensidad; 8.- La formación criminal mediante la asociación con modelos criminales o anticriminales pone en juego los mismos mecanismos que los que se ven implicados en cualquier otra formación; 9.- Mientras que el comportamiento criminal es la manifestación de un conjunto de necesidades y de valores, no se explica por esas necesidades y esos valores puesto que el comportamiento no criminal es la expresión de la mismas necesidades y de los mismos valores.
Edwin Sutherland termina su teoría afirmando: “El postulado sobre el que reposa esta teoría, independientemente de cómo se la denomine, es que la criminalidad está en función de la organización social, es la expresión de la organización social. Un grupo puede estar organizado bien para favorecer la eclosión del comportamiento criminal, bien para oponerse a ese comportamiento. La mayor parte de los grupos son ambivalentes, y las tasas de la criminalidad son la expresión de una organización diferencial de grupo. La organización diferencial del grupo, en tanto que explicación de las variaciones de las tasas de criminalidad, corresponde a la explicación por la teoría de la asociación diferencial del proceso mediante el cual los individuos se transforman en criminales”.
Afirmamos, con estos elementos de juicio, a modo de tesis que la delincuencia política que está conociendo la opinión pública puede explicarse, con algún grado de aproximación con la teoría de la Asociación Diferencial y con la Anomia. La sociedad chilena ha sufrido o ha experimentado cambios extraordinarios durante los últimos 30 años, que han modificado sustancialmente sus modos de ser y las relaciones entre los integrantes de los distintos sectores que la componen. Dichos cambios han permitido que las normas de la convivencia se hayan relajado, disminuyendo sustancialmente la conciencia de ilicitud, en determinados sectores. La anomia, es la falta de normas o la incapacidad de la estructura social de proveer lo que les sería necesario a ciertos individuos para lograr metas. La sociedad chilena ha aceptado como metas o fines válidos: el dinero, el lucro exacerbado, el individualismo desmedido, el poder por el poder, el clientelismo político. En una sociedad en cambios acelerados y violentos como los que actualmente experimentamos, las normas sociales y morales para alcanzar esos fines se relajan, se oscurecen o se olvidan; tan fuerte es la presión que se ejerce sobre los fines del dinero, el poder por el poder, el lucro, el clientelismo político y la competencia desmedida, que las personas que llegan a ocupar roles intermedios o relevantes en la economía o en la política, se sienten autorizados por sus medios, sus círculos íntimos o sus organizaciones cerradas, para acudir a cualquier expediente que le permita alcanzar los referidos fines; y dentro de ese marco o contexto social se comienza a aprender las conductas criminales, en núcleos, círculos íntimos u organizaciones de poder que estiman que violar las leyes, es una simple diablura o una especial habilidad. Cuado se llega a ese extremo, la conciencia de ilicitud se encuentra definitivamente avasallada.
La sociedad chilena se encuentra ante un gravísimo problema: Los valores más relevantes de la comunidad y sobre los cuales tanto se escribe: solidaridad, fidelidad, confianza, amor, han sido virtualmente arrasados por los nuevos contravalores que se imponen masivamente a través de los medios de comunicación social.
La explicación que estamos dando, no excluye ni menos elimina las responsabilidades personales y principalmente penales que deben hacerse efectivas; y esas responsabilidades, en el ámbito penal no se justifican ni se eximen de pena por la circunstancia que estemos viviendo un proceso de cambios acelerados que ha modificado profundamente los valores de la sociedad.
Esta bien que, como medidas de emergencia, se adopten las paliativos que comentábamos al comienzo; de inmediato, no puede hacerse otra cosa; sin embargo, las autoridades están obligadas a ir más al fondo del problema y promover un amplio debate nacional sobre los problemas culturales y efectivamente valóricos que nos afectan para ofrecer a la nación toda la perspectiva real y cierta de construir, con el esfuerzo de todos y de todas, una nueva sociedad; un nuevo modelo de sociedad cuyos valores predominantes sean distintos de los contravalores del individualismo neoliberal que nos azotan. Deben hacerse todos los esfuerzos en las distintas organizaciones y comunidades del país para reorientar a la sociedad chilena y colocarla en la dirección correcta. El camino que se está actualmente siguiendo, el modelo económico social que aplica la Concertación desde 1990 hasta el presente, debe experimentar modificaciones de importancia. Ese modelo económico social lleva inserto un modelo cultural y esta cultura genera y produce los contravalores que hemos señalado y es la presión por esos contravalores la que lleva a relajar las normas sociales de nuestro país.
Si la Concertación se queda únicamente en la superficie y no observa la realidad desde una perspectiva más amplia, no sólo está condenada a desaparecer; sino que lo más conveniente para el país en esa hipótesis, sería que ella efectivamente dejara de existir por cuanto no habría sido capaz de asumir los problemas reales y efectivos de la sociedad y no habría tenido los talentos y la audacia para buscarle soluciones que convoquen a las grandes mayorías nacionales. La Concertación nunca ha sido un fin en si mismo, sino que un simple medio que surgió a la realidad a raíz de los hechos que se desarrollan entre 1973 y 1989. El fin siempre ha sido: El bien común, el bien de la nación chilena y si este está amenazado, los ciudadanos y ciudadanas responsables del país estamos moralmente obligados, si se dan las circunstancias y no hay efectivos cambios, a buscar nuevos instrumentos, medios diferentes que respondan a los verdaderos intereses de las grandes mayorías nacionales. El ex Presidente Lagos se ha referido al alma de la Concertación. Otros preferimos referirnos al alma de la Nación, es ella la que justifica la existencia de nuestro país como comunidad organizada dentro de un marco jurídico que rige la convivencia en la búsqueda de los intereses permanentes de Chile.

Por nuestra parte quienes pertenecemos al mundo humanista y cristiano, sea cual sea el destino de la Concertación, seguiremos abogando por una comunidad efectivamente solidaria y seguiremos afirmando que los valores del personalismo comunitario son superiores, a los contravalores del individualismo y del neoliberalismo imperante.



Hernán Bosselin Correa

Abogado

¿Cuentas individuales en el INP?

“La AFP estatal es un tema opinable. Es deseable que haya más competidores en el mercado y más intensidad de competencia, por lo que el tema de la AFP estatal habría que evaluarlo en esos términos, es decir, en cuánta competencia puede agregar una AFP estatal al sistema”
La declaración no pertenece a ninguna de las voces tradicionalmente descalificadas por los medios de comunicación en manos casi todos de la derecha; ni a las voces estigmatizadas por los tecnócratas oficialistas que las acusan de retrógradas cuando se alzan para pedir algo de equidad al sistema. No. Pertenece a Mario Marcel, profesional con post grado, funcionario en el gobierno de Ricardo Lagos, casi ministro de Hacienda de la presidenta Michelle Bachelet, y designado por ella para presidir una comisión encargada de proponer modificaciones al actual sistema previsional privado.
Las conclusiones de esta denominada Comisión Marcel siguieron el derrotero esperado por quienes lo designaron, y también por quienes desde la vereda del frente veíamos que, con su composición, era imposible pensar en la elaboración de propuestas realmente alternativas al sistema impuesto en un ambiente de falta de libertades y atropellos a los derechos básicos a comienzos de la década del 80. De esta forma, este tema de gran interés social, se resolverá de la manera que mejor acomoda a la derecha económica y política.
Tomamos a la letra esta declaración de Marcel ya que sirve a las aspiraciones de miles de chilenos que, como nosotros, no aceptamos el actual sistema de capitalización individual que ha permitido la mayor concentración económica en el país, y la creación de grupos de poder político y económico que contribuyen a la fijación de estructuras odiosas de desigualdad.
Afirmamos que, tal como en el sector salud Fonasa se convirtió en un competidor de las isapres, con precios bajos y mejora sostenida de sus servicios, el Estado puede y debe asumir un rol ante las seis administradoras de fondos de pensiones que dejaran a la mitad de sus cotizantes con pensiones que deberá suplementar el Estado, al mismo tiempo que registran, cada año, utilidades que pueden llamarse sin duda como escandalosas.
Postulamos que el Instituto de Normalización Provisional, INP, institución sin fines de lucro, puede y debe abrir cuentas individuales y competir con estas seis administradoras, dueñas de casi el 70% del PIB nacional.
En términos de Marcel, el INP, puede competir, “darle intensidad a la competencia”.
El Instituto de Normalización Previsonal se encuentra en todo el país, cuenta con más de 140 oficinas. Tiene la estructura como para responder a la apertura de una línea de negocios distinta a la que hoy realiza.
Ya que a la derecha -y en la Concertación hay muchos que buscan complacer a la derecha- le gusta estar representada en todo organismo del Estado, proponemos que el INP cuente con un Consejo Superior, cuyos integrantes sean elegidos por el Parlamento y que representen los ámbitos sindicales, empresariales y académicos.
En algún momento el ex director del INP, Ernesto Evans dijo que “el INP sería una buena AFP estatal, porque tiene las economías de escala y el conocimiento suficiente para poder administrar fondos previsionales”.Es necesario crear una AFP estatal a partir del INP para las personas de bajos e intermitentes recursos, con comisiones bajas o inexistentes, y también para quienes no deseamos seguir contribuyendo, en forma obligatoria, a la concentración de la economía.
La población debe saber que 51 personas controlan toda la industria de las AFP; que la mitad de todos los fondos de los y las trabajadores/as están en manos de 13 grupos económicos que operan en el país y que los fondos invertidos en el exterior se concentran en 8 fondos de inversión, cuyos principales receptores son grupos españoles. Dos AFP responden a propiedad de esa nacionalidad.
Otra opinión respecto a un papel activo del INP como recaudador de cuentas personales es la de Andras Uthoff, ingeniero comercial y oficial a cargo de la División de desarrollo de la CEPAL. Uthoff afirma que una presencia activa del Estado en esta industria se podría hacer a través de un “INP mejorado, con un propósito de negocios establecido, con contabilidad separada, no siendo favorecida por subsidios. Así podría administrar cuentas de manera eficiente. O que tenga contacto con los clientes y subcontrate la administración de cuentas, por ejemplo, a través de una filial de BancoEstado. O sea, se puede llegar a una figura más estatal.
No aceptamos como argumentación que, siendo las AFP una de las bases de la economía pinochetista, por lo que la derecha no aceptaría cambiarla, nos rindamos sin poner en conocimiento de los y las trabajadores y trabajadores chilenos/as una alternativa real a este poder económico y político creado por la dictadura militar y que hoy tiene intereses en las sanitarias, eléctricas, retail, transporte, comunicaciones, bancos y servicios. Áreas de la economía conocidas por los consumidores chilenos debido a sus condiciones naturales: abuso de poder, tendencia al gigantismo en desmedro de la pequeña y mediana industria, identificación con la derecha política, todo ello salpicado con algunas acciones de beneficencia social que tienden a la reproducción de la pobreza mediante un asistencialismo que no cambia, de forma real, la situación de los chilenos más pobres.
Con nuestra propuesta los chilenos tendríamos una real posibilidad de elegir respecto a quienes, y a la forma de administrar nuestros recursos.
Enzo PistacchioMyriam VerdugoCarmen Ramírez

Cuestión de Género

Hace pocos días la prestigiosa revista Forbes publicó un ranking de las mujeres más relevantes e influyentes en el mundo. La lista la encabeza la Canciller de Alemania, Angela Merkel y la sigue la asesora de seguridad de Norteamérica, Condolezza Rice. En el lugar diecisiete figura nuestra presidenta, Michelle Bachelet. Muchos de los otros nombres que componen el listado corresponden a mujeres que se desempeñan en el mundo de los negocios.
¿Qué tiene de importante esta nómina? Mucho. Impensable era hace tan sólo algunas décadas atrás pensar en la posibilidad de confeccionar un listado como éste. El avance de la mujer en los distintos ámbitos del quehacer ha sido rápido en casi todo el mundo, y nosotros -como los ingleses que nos creemos de esta América morena-, no podíamos ir a la saga.
Los períodos en la historia en que algunas mujeres alcanzaron relevancia fueron acotados y en ocasiones puntuales. Algunas reinas del antiguo Egipto, algunas escritoras, algunas consortes de príncipes árabes o medievales también destacaron, pero en su caso se trataba de mujeres que por familia o por matrimonio adquirían un poder que usaron diferenciándose de la mayoría de las mujeres de sus épocas. Leonor de Aquitania, Isabel I, Manuela Sáenz, Isabel la Católica, Olimpia de Tebas, la reina egipcia Hatshepsut, Javiera Carrera, Catalina de Erauso, Sor Juana Inés de la Cruz, Santa Catalina de Sienna, Dhuoda y la reina Nzinga Nbandi fueron mujeres de excepción que superaron los obstáculos que la sociedad le imponía a sus congéneres.
Pero esos nombres, que pasaron a la inmortalidad, fueron escasos. La mujer, desde que el mundo es mundo estuvo relegada a un segundo plano (en algunas zonas de este planeta aún es así). Su labor era ser madre, cuidar el hogar, en muchos lugares además debía proveer ya que el hombre ocupaba su tiempo en prepararse para la defensa del hogar, del grupo o clan.
El avance de la mujer a través de los siglos fue extremadamente lento. Los ejemplos de las mujeres mencionadas representaron en la historia mundial sólo esporádicos hitos, o fogonazos que iluminaron débilmente nuestra promoción en la sociedad.
Sólo luego de la acción reivindicativa, luchadora y empecinada de las sufragistas, primero en Europa, luego en Estados Unidos y posteriormente en nuestro país se generó un avance sostenido y fuerte de la mujer en sociedad.
El maltrato a la mujer, el “ninguneo” viene desde lo más profundo de la historia escrita. Esquilo decía en su obra Las Euménides que la mujer no engendraba al hijo; afirmaba que era sólo la nodriza del germen depositado en su cuerpo, Aristóteles afirmaba que la mujer tenía una capacidad de deliberar débil e ineficaz, El padre de la Iglesia Paulo de Tarso decía sobre nosotras que así como la Iglesia está sometida a Cristo, así sean sumisas en todas las cosas las mujeres a sus maridos,
La Revolución Francesa, con su lema inmortal de “Igualdad, Libertad y Fraternidad” remitió a las mujeres luego de una breve incursión en la vida pública a sus hogares. Con su vida pagaron el atrevimiento de pensar algunas de ellas.
Pero este avance ha sido contra todos los poderes existentes. Religiosos, políticos, sociales, a lo que se debe sumar el machismo atávico que muchos hombres no pueden ocultar.
¿En qué muestran ese machismo? En la descalificación, en el comentario peyorativo, en la falta de respeto, en los comentarios sexistas, en el ejercicio de una complicidad para obstaculizar el avance de la mujer en las distintas esferas. Y pese a todo esto y a los milenios de dominación, hemos avanzado.
No lo suficiente como para impedir que se nos discrimine y maltrate. ¿O acaso son muchos los periodistas que se atreverían a preguntar a un Presidente, Primer Ministro o parlamentario sobre sus novias, esposas o amigas? Por supuesto que a una mujer se le indaga sin timidez al respecto. ¿Hay algún medio que hable de “el Lagos”, “el Blair”,”el Bush” o “el Frei”? Sin embargo cuántos hay que sin ningún empacho escriben sobre “la Bachelet”, “la Blanlot” o “la Alvear”.
­¿Ha leído alguien una nota, escrito o libro que hable de “el Neruda”?. No. Pero sí ha leído sobre “la Mistral”. ¿Qué demuestra esto, que quizás a alguien pudiera parecerle algo trivial?: demuestra que no hay respeto por la mujer. Que tener presidentas, primeras ministros, altas ejecutivas, escritoras destacadas ha sido a pesar de todo.
Lecciones que debemos aprender muchas, entre ellas no estigmatizar ni torpedear el camino que están haciendo hoy muchas mujeres en el mundo de la política, de la economía, de la cultura. Jamás volver a decir que si una mujer lo hace mal, estaremos condenadas a “volver a la cocina”. O acaso alguien denosta a los hombres por los Calígula, Hitler, Castro, Atila, Stalin, Salazar, Milosevic, Franco, Contreras, Nerón, Idi Amin Dada y otros próceres de la historia dominada y escrita fundamentalmente por hombres. Ojalá las mujeres aprendamos algo fundamental: Debemos ser solidarias entre nosotras y no para formar un frente contra los hombres. No. Debemos ser solidarias para apoyar a nuestras congéneres, que han logrado venciendo obstáculos cargos de relevancia; ser solidarias para que nuestra diferente forma de apreciar la vida y las relaciones humanas contribuya a mejorar un mundo, donde nosotros no hemos sido las que sembramos guerras, invadimos naciones, esclavizamos a los negros, bombardeamos ciudades. Así de claro. Ser solidarias es una cuestión de género.

Myriam Verdugo Godoy