Algunos comentarios al documento “Propuestas para una corrección del modelo socio económico”.-

1. Una impresión general.
Con gran interés he leído el documento preparado por el Instituto Jorge Ahumada denominado “Propuestas para una corrección del modelo socio económico”. Este documento, en mi opinión, avanza más que otros que había tenido la oportunidad de conocer, en darle contenido a la idea de “corrección del modelo” que tan profusamente ha difundido el senador Adolfo Zaldívar. Asimismo, me parece que dicho documento es un importante aporte al debate que debe tener el Partido Demócrata Cristiano en el marco de su Quinto Congreso, el cual se espera culminar con algunas definiciones básicas en materias relevantes, y que hoy parecen ser motivo de diferencias al interior de la colectividad, relacionadas tanto con cuestiones propiamente políticas (ideológicas, programáticas) como en relación con la organización partidaria (modernización del Partido).

Debo partir señalando que la idea de la corrección del modelo ha generado una importante expectativa en muchos militantes democratacristianos, incluso en quienes no forma parte de la corriente cercana al senador Zaldívar. Creo que para muchos, la idea de la corrección del modelo, que por lo demás forma parte del programa de gobierno de la presidenta Bachelet, constituye, de algún modo, una promesa de cambio profundo en el estilo de desarrollo, cuestión que, obviamente, va mucho más allá de los aspectos puramente económicos, sin desconocer que en buena parte están determinados por ellos. En este sentido, debo señalar que la propuesta que contiene el documento del Instituto Jorge Ahumada me parece muy limitada.

De la lectura del documento, en términos generales y como una primera gran aproximación, me queda la impresión que finalmente para sus autores la noción de corrección del modelo se reduce a una política de refinanciamiento de la pequeña y mediana empresa, especialmente abundante en propuestas de condonaciones de deudas. Sin negar que efectivamente es muy distinta una economía que está dirigida por unos cuantos grupos económicos que una que está sustentada en una gran base de pequeños y mediando empresarios, evidentemente el centro de la cuestión es el mismo: el comercio y el consumo como los grandes elementos dinamizadores de la sociedad, lo cual marca un estilo de vida un tanto alejado de lo que es una genuina visión humanista cristiana del desarrollo. Nadie puede desconocer la importancia del comercio y el consumo, pero otra cosa es centrar nuestra vida como país en ello, especialmente si, además, un importante número de miembros de la comunidad nacional no tiene acceso a servicios y bienes fundamentales (vivienda digna, educación de calidad, alimentación adecuada, medios tecnológicos, por señalar algunos).

2. Sobre la situación de las Pyme.
Ciertamente deben darse condiciones de financiamiento a la pequeña y mediana empresa que le permita desarrollar su labor con tranquilidad y estabilidad, y para eso habrá que revisar las situaciones de endeudamiento y apoyar como Estado los esfuerzos razonables que le permitan salir de ellas. Igualmente revisar si el instrumental de apoyo de que dispone el Estado (que al parecer no es poco) es suficiente y/o está operando de manera eficiente. En tal sentido las referencias a la CORFO y al Banco del Estado son claramente adecuadas. El punto está, en mi opinión, en que el problema de muchas de las pequeñas y medianas empresas que funcionan en nuestro país es de falta de mercado y malas condiciones de competencia. Dicho de otro modo, si queremos mantener una base amplia de pequeñas y medianas empresas debemos asegurar que estas cuenten con opciones reales de mercado, pues nada saca un pequeño empresario con endeudarse a una tasa baja y con buenas condiciones de pago si finalmente son muy pocos los que requieren sus productos o las condiciones de producción (costos) y de comercialización (capacidad de venta) de los más grandes lo dejan permanentemente fuera de competencia.

En tal sentido, la idea de garantizar que una cierta porción de las adquisiciones del sector público se hagan a PYMES; facilitar la concurrencia de éstas en las licitaciones públicas (aún sin resguardo de cuotas) por la vía de evitar condicionantes económicas (régimen de garantías y de pagos, requerimientos de patrimonio y de capital, por ejemplo) que constituyen factores que, indudablemente, favorecen exclusivamente a los grandes consorcios; impedir discriminaciones de precios por parte de las grandes empresas; son cuestiones que ayudarían con mayor efectividad al desarrollo de múltiples empresas medianas y pequeñas y, lo más importante, asegurarían su mantenimiento en el tiempo.

Un punto si no me gustaría dejar pasar, de los que se señalan en el documento en el marco de la ayuda a la pyme, y es que por más dificultosa que sea la situación de lo pequeños empresarios no es posible aceptar que éstos puedan hacer uso de los dineros correspondientes a las cotizaciones previsionales de sus trabajadores para hacer frente a los déficits de caja y menos a situaciones de insolvencia. Dichos recursos son parte integrante de la remuneración de los trabajadores y, por lo mismo, para evitar que se continúe produciendo la situación referida, se debería terminar con el sistema de declaración y no pago para pasar a un sistema de pago íntegro, so pena de sanciones penales y retenciones tributarias al empleador incumplidor.

3. El tema de la concentración económica.
Siempre en el ámbito de la economía, me parece que falta una mayor audacia para abordar el tema de la concentración económica. Ciertamente que tener una política más estricta en materia de fusiones, generando los mecanismos legales correspondientes puede ser un importante paso, lo mismo que fortalecer la institucionalidad de defensa de la libre competencia o antimonopolio, pero más que la integración horizontal (que ya es un gran problema en Chile) el punto es si resulta aconsejable que unos cuantos grupos económicos manejen todo los ámbitos económicos del país, desde el financiero hasta el fabril, pasando, entre otros, por el inmobiliario, el minero, la producción silvo-agropecuaria, el comercio del retail y los medios de comunicación. Es decir, el problema de la integración vertical, en que unos cuantos actores manejan toda la cadena de la producción hasta el consumo, a una escala insospechada hace sólo un tiempo, y que no sólo se convierte en un problema para la libre competencia y el buen funcionamiento de los mercados, sino que en un factor de desequilibrio político insoslayable.

Al respecto, bien vale tener en cuenta una antigua sentencia de 1945 de un tribunal norteamericano en el caso United States vs Aluminum Co., pero que mantiene plena vigencia en sus conceptos respecto de la inconveniencia de la concentración del poder económico: “Hemos estado hablando de las razones económicas que llevan a prohibir el monopolio; pero como ya hemos señalado, existen otras, basadas en la convicción de que las grandes concentraciones industriales son propiamente indeseables, independientemente de sus resultados económicos”.

En tal sentido, lo aconsejable es delimitar los campos de actuación de los grupos económicos, de modo que los mercados puedan operar en plenitud y no se produzcan las anomalías o distorsiones que las situaciones de integración a escala global generan hoy, poniendo en riesgo el buen funcionamiento de las instituciones políticas, sociales, culturales y económicas del país.

4. El rol del Banco Central.
Otra alusión importante del documento, es la relativa al rol del Banco Central, sin embargo creo que los autores yerran cuando señalan que dicho instituto nada tiene que ver con aspectos concernientes al nivel de actividad económica y el crecimiento. Ciertamente el Banco Central como organismo responsable de la política monetaria tiene su responsabilidad fundamental en velar por la estabilidad de la moneda manteniendo con ello el valor real del dinero, pero su accionar no puede estar ni está separado respecto de la política económica del Estado en su conjunto. De hecho, la propia ley orgánica del Banco Central establece que en la adopción de sus acuerdo debe tener en consideración la orientación de la política económica del Gobierno, estableciendo mecanismos concretos de coordinación, como es la participación del Ministro de Hacienda en la reuniones del Consejo Directivo del Banco y su derecho a suspender la aplicación de acuerdos que estime inapropiados para la marcha general del país. Adicionalmente, el Banco Central tiene actualmente, por ley, funciones específicas en materia de funcionamiento del sistema financiero y el mercado de capitales, o sea respecto de las políticas crediticias, las que influyen de manera determinante en el nivel de actividad económica.

5. La consagración de un Estado Democrático y Social de Derecho.
Un aspecto respecto del que nada se dice el documento y que a mí me parece central es la necesidad de explicitar a nivel de nuestra carta fundamental el compromiso del Estado con un conjunto de derechos sociales y económicos (calidad de educación, vivienda digna, sueldo suficiente, respeto a la diversidad cultural, acceso a las tecnologías de la información) que le permitan alcanzar la fisonomía propia de un Estado Democrático y Social de Derecho conforme a los tiempos actuales. Esto, naturalmente, implica abordar el desafío de reformular el pacto social que es la Constitución Política de la República, para avanzar a uno nuevo que reconozca las condiciones y retos de nuestros nuevos tiempos como país y a nivel global, partiendo por establecer el compromiso de cada miembro de la comunidad con el bienestar general y no sólo el del Estado, como ocurre hoy.

La idea de una efectiva economía social de mercado tiene como supuesto institucional básico la existencia de un Estado Democrático y Social de Derecho.

6. Un cambio del estilo de desarrollo.
Insisto, junto con la corrección del modelo económico en aspectos donde efectivamente muestra fallas o carencias, y en las cuales tengo certeza que hay un amplio consenso en la democracia cristiana, debemos apuntar con mayor decisión y fuerza a una modificación sustantiva del estilo de desarrollo. ¿A que me refiero? A algo que hemos conversado y enunciado muchas veces, y que se agrega al gran y permanente desafío de terminar con la precariedad económica en que viven tantos chilenos:

Mayor tiempo para la familia, para la recreación, para la cultura y el deporte. Es decir, abrir espacios para que las personas nos encontremos fuera del ámbito de las relaciones puramente económicas. O sea, para la vida del espíritu. Estudios recientes indican que los niveles de felicidad de los chilenos no son buenos y están muy por debajo de países que muestran índices de desarrollo mucho más bajos que los nuestros. A su vez, todos la encuestas e investigaciones reportan que lo que los chilenos más valoramos es la vida en familia. Entonces la conclusión es obvia. Para ser más felices debemos contar con más tiempo para estar con nuestros cónyuges, padres, hijos, otros parientes y amigos

Si no queremos seguir en lo que vemos a diario por los medios de comunicación, respecto de muchos niños y adolescentes que crecen solos y carentes de apoyo, especialmente los más pobres pero no sólo ellos, lo que sumado a ambientes de marginalidad se tornan en una mezcla explosiva, debemos cambiar radicalmente el actual estado de cosas. Urge ir a una reforma que disminuya la jornada de trabajo, al igual que a una modernización de las empresas en términos de generar mejores ambientes laborales para los trabajadores, que, a su vez, mejoren los niveles de productividad. Hoy, con una jornada laboral de 45 horas semanales, para la gran mayoría de los chilenos que trabajan cinco días a la semana le significa, considerando los traslados, estar más de trece horas diaria en función del trabajo, saliendo muy temprano de sus casas y volviendo al terminar la tarde o empezar la noche la mayor parte de las veces. Es claro que una persona que tiene el aliciente de llegar más temprano a su hogar para estar con su familia y amigos, tendrá una disposición al trabajo más positiva que redundará en una importante elevación de los niveles de rendimiento. Baste ver la experiencia de los países europeos con mayores niveles de desarrollo: jornadas de trabajo acotadas y altamente productivas. Al revés de Chile, donde coexisten jornadas de trabajo extendidas con bajo nivel de productividad, es decir, donde nadie gana y, por el contrario, se pierde mucha calidad de vida y eficiencia económica.

También ello debería implicar terminar, tanto cuanto sea posible, con el trabajo de fines de semana, partiendo por los grandes centros comerciales. El horario de funcionamiento del comercio marca tendencia, especialmente si transformamos el consumo irracional en el gran motivador de las actividades de nuestro tiempo no laboral. La conceptualización que hacen de los mall algunos analistas, como la nueva plaza pública, puede ser correcta pero no me parece que sea deseable. Intentemos volcar a la comunidad a la plaza y a los parques de verdad. Apuntemos a formas menos onerosas y de mayor densidad cultural y espiritual en el uso del tiempo libre. Si me dicen que a la mayor parte de la gente le gusta consumir, bueno aceptémoslo y entonces orientémoslos hacia el consumo del arte y del deporte. Favorezcamos la industria de la recreación y el esparcimiento que todavía en Chile es muy poca, especialmente considerando la capacidad de consumo de algunos. Potenciemos de manera sustantiva el apoyo a la creación artística y cultural y a su difusión (recuerdan a miles de santiaguinos detrás de una muñeca gigante, por qué no más pequeños y grandes gestos de arte dando vuelta por todo el país y cada rato). Mostrémosle a esos cientos de miles de niños y jóvenes en riesgo social a lo largo de Chile un camino en la actividad deportiva y en diversas formas de creación, tal cual muchos organismos públicos y privados lo hacen hoy y que, por los mismo, requieren multiplicarse por miles, lo que ahorrará recursos en fatigosos procesos judiciales y centros de reclusión que nadie quiere.

Más participación, más descentralización y poder para la comunidad organizada. Es evidente que vivimos en una sociedad crecientemente individualista, lo cual no puede extrañarnos porque responde a la forma como hemos dispuesto las cosas. Esto no se cambia con discursos ni alegaciones, para recrear tejido social y potenciar la participación es necesario dotar de poder efectivo a las distintas instancias de integración, especialmente de aquellas que son expresión de diversas formas de solidaridad, de corresponsabilidad con el desarrollo de las comunidades y de creación cultural e innovación. Ello implica, al menos, darle mayor protagonismo a las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias funcionales en la gestión municipal, tanto en la definición de sus políticas como en la aplicación de sus programas; relevar el rol de los sindicatos al interior de las empresas, favoreciendo con ello un mayor equilibrio en las relaciones laborales; apoyar con mayores recursos a las organizaciones que se ocupan de la creación de valor a través del emprendimiento cultural y económico.

En este mismo ámbito, cabe señalar la necesidad de dotar de mayor poder a las regiones (político y económico), de modo de terminar con la exclusión y discriminación por razones de territorio. Una sociedad distinta, más igualitaria, requiere también un país más equilibrado en términos territoriales. No es el mismo estilo de desarrollo si todas las definiciones importantes se adoptan en la ciudad capital que si los centros de poder están distribuidos a lo largo del país, reconociendo e incorporando de manera más nítida y efectiva sus realidades locales en la toma de decisiones.

Mayor cuidado del medio en que vivimos. Ello supone, como punto de partida, revalorizar la naturaleza y el territorio como bienes públicos irreemplazables, que, sin desconocer el derecho a la propiedad privada, permita hacer gestión territorial efectiva, comprometiendo en un desafío conjunto tanto a los particulares como a las instituciones públicas, de forma de conciliar el resguardo de los recursos más preciados, que son patrimonio común, con la necesidad de generar una mayor calidad de vida para todos.

7. La necesidad de dialogar y debatir.
Quisiera terminar estas breces reflexiones reconociendo nuevamente el aporte que hace el documento del Instituto Jorge Ahumada al diálogo y al debate, siempre tan necesarios y positivos. Imagino que todavía queda mucho por decir y escribir para todos quienes son miembros de la comunidad política que es la Democracia Cristiana y que quieren expresar sus visiones de sociedad y de país en el marco de su Quinto Congreso. Ojala esas manifestaciones se sigan multiplicando, que, espero, le harán mucho bien la país y, particularmente, a nosotros mismos.

Eduardo Abedrapo
Vice Presidente P.D.C.

¡Aún es tiempo!


Crisis y oportunidad. Ese es el ying y yang que enfrenta hoy la presidenta Michelle Bachelet. Mismo cara y cruz que viven los partidos políticos –de gobierno y oposición- sumidos en una crisis de ideas y liderazgo.

La crisis es más que evidente. Está en el aire. Se respira, se ve, se escucha. La gente ya no evita hablar, reclamar, demandar, hasta insultar. La gente marcha por las calles innumerables cuadras y cuadras tratando de llegar a sus lugares de trabajo, de estudio, hogares o centros médicos. En romería. Con sus rostros adustos. El Transantiago es tan sólo el síntoma visible de una enfermedad que recorre Chile desde hace años: esta enfermedad tiene características como la desigualdad, injusticia, falta de oportunidades. Todo lo cual crea un malestar creciente, que se mantiene latente, pero que en algún minuto explosa.

Eso es lo que estamos viviendo y a eso debe hacer frente la Presidente con fuerza, decisión y voluntad de cambio. Debe hacer carne aquello que se prometió: hacer un nuevo gobierno de la Concertación, no un cuarto gobierno de continuidad. Y, para ello, estamos seguros que la presidenta contará con apoyo. La actual situación no da para más y por ello se requiere de cambios drásticos.

Cambio de gabinete, petición de facultades extraordinarias para en un plazo muy acotado solucionar los problemas de un Transantiago mal diseñado y peor aplicado, rectificación desde el punto de vista moral, de la participación. Los cambios, presidenta, no deben ser un maquillaje. Deben ser profundos. No basta con cambiar nombres y rostros en un gabinete. Se requiere de la real voluntad de comenzar a gobernar para la gente que depositó su esperanza en usted. Presidenta, aún hay gente que cree en usted. ¡Reaccione con fuerza, pero también con decisión de rectificación!

Usted es médico. Mejor que nadie sabe que cuando un enfermo arde en fiebre no requiere de un panadol. Necesita medicinas más fuertes. Cambie el gabinete, pida facultades extraordinarias al Congreso, incluya a todos en la búsqueda de soluciones, a gobierno y oposición. Estamos en un momento delicado en lo económico y lo social y enfrentar la situación demanda de gran fortaleza interior. Su historial de vida dice que la tiene, aplíquela hoy.

Pero en esta gran crisis no sólo la presidenta debe reaccionar. Los partidos políticos también deben hacerlo. Ellos viven una crisis de representatividad, de ideas y de liderazgos. ¡No hay para donde mirar y encontrar a alguien con la estatura y prestancia que se requiere!

Los partidos políticos deberán repensarse, deberán discutir su ideología o visión de la vida y el mundo a la luz de los cambios que se viven. Deberán volver a pensar en un proyecto país. Deberán volver a ser comunidades fraternas, leales, responsables

Y, como corolario de lo que debe hacerse, la Concertación de Partidos por la Democracia, si quiere seguir gobernando, deberá replantearse como organización, definir el tipo de país que quiere construir y optar por la gente. Aún tenemos con los cientos de miles de chilenos que nos dieron su confianza una gran deuda. Para la mayoría efectivamente la alegría no llegó. Fue sólo un espejismo, una ilusión que se desvaneció pronto en el desierto de inequidad que hemos creado.

Revista Impacto.

11 de Marzo de 2007 el mostrador

Apuntes de un año en que la desigualdad mostró su cara más agriapor

Ricardo Camargo

(Del “malestar difuso” al “descontento generalizado”)

A un año de gobierno abundan los balances. Abrumado por sus problemasrecientes -léase Transantiago- el gobierno no debería olvidar, sin embargo,aquello que más lo remeció: el conflicto estudiantil, y sus no siempreevidentes significados.

Convengamos en que se ha tratado de un año singular. No sólo porque ha sidouna mujer quien conduce las riendas del poder por primera vez en la historiadel país. Ni siquiera porque se haya muerto -a lo menos físicamente- quienle otorgó el apellido con que se ha conocido a la democracia chilena durantetodos estos años: Pinochet. Más bien, sostengo acá, porque han comenzado aser notorias las limitaciones del el modelo chileno¹, las que requierenurgentemente ser enfrentadas.

Conviene en ello alargar un poco la mirada (aunque no tanto como deberíamos)y re-situarnos en el año 1998. Un año complejo, en donde la democraciachilena mostraba toda su elasticidad, ungiendo al dictador como senadorvitalicio. Historia conocida ella. Menos recordado sin embargo es el debate,excepcional para esos años (y para los actuales, según parece), queinaugurará Norbert Lechner, entonces principal investigador de la secciónChilena del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.Sostenía Lechner que, paralelo al complejo entramado político institucionalde la transición, se acumulaba inquietante un malestar social. “La gente­alertaba Lechner- percibe que ella ni es el sujeto de una modernización queparece avanzar a sus espaldas ni el beneficiario de las nuevasoportunidades”. Una afirmación temeraria que ponía en cuestión acaso, elesfuerzo más estratégico en que se empeñaba entonces el gobierno de Frei:pasar del eje de la transición -como acuñara célebremente Genaro Arriagada-al de la modernización.

Es por ello, que la respuesta proveniente de los círculos complacientes dela intelectualidad concertacionista no tardó en llegar, y apuntó certero,buscando “cerrar”, argumentativamente claro está, el debate naciente. “Llamapoderosamente la atención” ­replicó irónicamente José Joaquín Brunner- que el el malestar difuso, denunciado por Lechner, no se haga cargo del hechoirrefutable de que “no hay signos demostrativos de ningún tipo dedescontento generalizado” “más bien ­proseguía un entusiasmado Brunner- lasociedad Chilena muestra durante los últimos ocho años, bajos grados deconflictividad social, una temperatura ideológica fría o moderada”.Brunner sabía bien que con ello apuntaba al corazón del argumento sostenidopor Lechner. Lo desahuciaba, sin posibilidad de recuperación, aunquesobreviviera algunos años más como de hecho ocurrió. Como se sabe, tras eldecisivo entrecruce de sables sostenido por Lechner y Brunner, la clasepolítica que convive en la Concertación se remeció e incluso temporalmentese alineó entre los ya míticos autocomplacientes y autoflagelantes,dando lugar a un singular debate epistolar.

Sin embargo, la suerte parecía ya haber sido echada. Sin signos demostrativos de descontento generalizado el entrecruce de las fraccionesde la Concertación sería pronto caratulado ­como lo sostuvo Eugenio Tironialineado con Brunner en esta disputa- como meras objeciones de unaretrógrada militancia concertacionista al avasallador rumbo modernizador delpaís. Nada importaban las bulliciosas movilizaciones de los mineros de Lota,que por esos días inundaban las calles de Santiago. Eran los costos de unamodernización que, en la medida que no produjeran malestares generales, nodebían en verdad inquietar.

Pinochet detenido en Londres primero y la crisis asiática después,terminaron de sepultar un debate ya agónico. Otras pasiones afloraríanentonces. Un segundo Presidente Socialista encantaría nuevamente a las masascríticas de la Concertación (incluso a los comunistas en segunda vuelta).Olvidadas quedarían las reflexiones en torno al malestar difuso de lamodernidad. Una cifra dura, inquietante, poco especulativa, quedaría, sinembargo rondando como fantasma tras la retórica discursiva: La desigualdadcrecía, a pesar del crecimiento económico.

No sorprende por ello que, silenciosamente, aguardando su momentum, comoadivinando que la única vía de vencer los argumentos complacientes deBrunner y compañía, era expresándose con nitidez, exacerbándose, siendo másde lo que su forma concreta lo permitía, un descontento generalizado seacuñó por fin y fluyó nítido, tras la excusa de una manifestación deestudiantes secundarios por la educación en el año 2006.

La memoria es frágil, y los balances suelen recoger sólo los datos máscontables de un conflicto (duración, número de colegios involucrados, númerode voceros, etc.). Por ello haría mal la Presidenta si sólo lee en el parode los estudiantes una manifestación sectorial más, ignorando el exceso,aquello que afloró tras el intersticio que se abrió. Lo que la Presidenta nodebería omitir en su balance, es que durante el 2006 el fantasma de ladesigualdad mostró su cara más agria.

Sí, porque disfrazado de jumper y corbata colegial, se expresó en verdad unmalestar más global (recuérdese que también fueron los apoderados,profesores, y hasta el ciudadano común de clase media quienes seidentificaron con el conflicto) permanentemente postergado o encapsulado enfórmulas tecnocráticas.

Frente a su porfiada presencia ­el de la desigualdad- que incluso se damañas para cumplir los requisitos impuestos por la intelectualidadcomplaciente (descontento generalizado) para hacerse notar, no vale seguirsiendo indiferente. No vale tampoco sólo escudarse en que el mejoramiento dela educación solucionará el problema en veinte años más, como arguyen losnuevos complacientes.

Supone algo más. Algo que se esboza ­aunque aún sin expresarse en propuesta-curiosamente desde el círculo otrora más conservador de la Concertación ­loscolorines-, y por cierto desde fuera de ella hace años y que escasea en lossocialistas curiosamente (a excepción de Jorge Arrate y un puñado más):¡Atreverse a repensar las bases mismas del modelo económico! Creativamente,por cierto, y guiados ­sugiero- por una máxima simple (para evitar losfantasmas del pasado tan propios de la generación en el poder): que cadapunto de crecimiento económico signifique una disminución proporcional de ladesigualdad.

Guiados por dicha máxima, sin embargo, vale la pena advertirlo desde ya,pronto se adivinará que lo que se demanda no es un problema técnico demacroeconomía, sino una pizca de aquello que los griegos llamaban Política,con mayúscula. Ello supone, por cierto, no sólo iniciativas de inclusiónasistencial que disminuyan la pobreza -tarea de relativo éxito en estosaños- sino políticas de participación que den protagonismo a los actoressociales en la marcha del país, -empresa esta última de un déficit profundo.En definitiva, la lección a manera de balance del 2006 es que la desigualdadno es un problema técnico sino político. Incluso más, altamente explosiva, ydispuesta a convertirse en marea avasalladora de un orden complaciente cadavez que encuentre su ocasión. Todo ello hace urgente -a contrapelo de lo queparece indicar el balance oficial- impulsar una decisiva participaciónsocial para atreverse a repensar los déficit del modelo económico vigente (yde paso de nuestra democracia Post-Pinochet sin Pinochet).

Vaso medio vacío o medio lleno


Ocurrió lo que los agoreros verían pronosticando hace tiempo: el Transantiago en sus primeras horas lejos de ser una solución para los santiaguinos se transformó en una pesadilla.
Baja frecuencia, buses repletos, información mal diseñada son algunos de los puntos críticos de este sistema, que saltan a ojo de cualquier persona. Por meses la derecha vaticinó un mal comienzo, culpando a la improvisación y al voluntarismo de llevar adelante un proyecto de esta envergadura, con el objetivo de sumar “un punto bueno” al gobierno. El mismo tiempo que ocupó el gobierno y sus principales voceros en el área, desde el ministro Espejo hasta el seremi de transportes, pasando por el ministro Lagos Weber y la recién estrenada Intendenta Adriana Delpiano, para defender esta revolución en el sistema de transporte público.
Nosotros, los concertacionistas que nos negamos a seguir girando a costa de los positivos primeros 8 años de gobierno, y que tenemos muy claras las falencias de los últimos períodos, también pusimos un llamado de alerta sobre el Transantiago. Claro que nuestras argumentaciones iban por otro camino.
Por ejemplo fuimos claro en exponer la incoherencia del mensaje de apoyo a los pequeños y micro empresarios, cuando fueron eliminados de un plumazo miles de éstos tanto en Santiago como en Valparaíso. El argumento era que el gremio de los microbuseros era manejado con un estilo de “cartel”. ¿Puede la autoridad, con certeza, afirmar que los miles de pequeños empresarios que se desarrollaban en este rubro eran mafiosos? A nuestro entender no. Nosotros no nos atrevemos a ofender a esos compatriotas que se creyeron el cuento “del emprendimiento”, y que pagan como a través de la historia lo han hecho muchos, esto es “justos por pecadores”.
Tampoco nos convencía que “nuestro gobierno”, como si los bancos Chile, BCI, Santander, Estado y Falabella ganaran poco, le entregaran a éstos la administración de las cobranzas. Tampoco teníamos buenas referencias del “capital tecnológico” de Sonda, empresa que está presente en varios servicios de la administración pública y que también en ellos presenta problemas.
Muchos menos puede gustarnos que nuestras autoridades piensen que la gente pobre, medio pobre o de ingresos medios deba ir “apiñada” como animales en los buses y metros. Comparte tu metro cuadrado, le decimos a la gente, desde vehículos privados o fiscales, con aire acondicionado. ¿Qué tal?
El sistema, a la larga seguramente va a funcionar, y la gente se va a acostumbrar. Sabrá las combinaciones, se resignará a viajar apretujada, se consolidarán las diez grandes empresas que manejan desde el sábado pasado la locomoción pública en Chile. Todo eso va a pasar con seguridad ¿Pero era necesario hacer el cambio de un día para otro, con los costos que ello ha significado? Creemos que no. Que la decisión se basó en una urgencia por mostrar resultados, antes que eficiencia y pensar en la gente.
Porque de eso sí estamos claros. Nadie se acordó del trabajador que atravesaba la ciudad en un vehículo y aprovechaba de dormir la hora y media que este tardaba en llegar a su labor. Nadie se acordó de la calidad de vida de nuestra gente a la que estamos quitando minutos de sueño. Nadie se acordó de nuestros viejos y viejas, que pasado los 60 y 65 años deben seguir trabajando porque si no lo hacen se mueren de hambre, y que prácticamente deben “bailar” dentro de buses con pocos asientos. Así, suma y sigue. Apresuramiento, improvisación, favorecimiento –una vez más- al gran capital, marcan este proceso necesario, pero que como muchas cosas se hizo desde un escritorio, sin considerar la realidad y necesidades de las personas.

ANTES DE LAS VACACIONES, ALGUNAS MEDITACIONES

¿Gobierno Suprapartidario o Sistema Presidencial Autoritario?

¿Encuestacracia o Democracia?

¿Participación o Exclusión?

¡Que se pronuncie el pueblo, como expresión del
Poder Constituyente Originario!

Con motivo de los cambios realizados en algunas Intendencias y Gobernaciones, los Presidentes de los partidos de la Concertación, a través de Sergio Bitar, ex Ministro de Educación, han sostenido que: “Este es un Gobierno Suprapartidario, y no le corresponde dar explicaciones a los partidos, ni a ellos hacer este tipo de gestiones” (Página C2, edición martes 23 de enero de 2007, diario El Mercurio de Santiago).

¿Qué es un Gobierno Suprapartidario y qué rol juegan, en esa clase de gobierno, si es que alguno, las organizaciones llamadas partidos políticos?

El diccionario nos indica que la palabra supra significa “sobre” o “situado por encima”: supraclavicular, supranacional.

La voz encima es definida como “en una posición o parte superior o en una altura más elevada. El plato está encima de la mesa; sólo hay dos jefes por encima de ellos”.

“Sobre, tiene, entre otros, significados el siguiente: Indica dominio o superioridad: el rey mandaba a sus siervos con autoridad”.

Un Gobierno Suprapartidario lo es cuando se encuentra ubicado en una situación o posición más elevada que los partidos políticos, tal como el plato está encima de la mesa y cuando se halla en una situación de superioridad sobre éstos. Seguramente los presidentes de los partidos de la Concertación han seguido esta definición y han entendido que el gobierno se encuentra en un estado o posición de dominio o superioridad encima de los partidos políticos, los que evidentemente tendrían una función de segundo orden, ya que por arriba de ellos se encontraría siempre el gobierno en estado de mandar con autoridad.

Cuando se tiene ese concepto sobre el actual gobierno y por ende sobre la alianza o agrupación de partidos políticos llamada “Concertación”, se incurre en graves errores: los partidos políticos y el gobierno del país, que encabeza la Jefa de Estado, cumplen, tanto política como constitucionalmente funciones diferentes, aunque ambos tratando de buscar siempre los intereses generales del país. Los partidos políticos son asociaciones de hombres y mujeres libres, que han decidido por su propia voluntad, y sin imposición de ninguna especie, hacer política en común, preocuparse de la cosa pública conforme a determinados principios y valores. Estas asociaciones de personas libres, no forman parte de la organización del Estado, ni menos están sometidas al mando directo de la Presidencia de la República. Lo anterior no le impide, a grupos determinados de partidos políticos, actuar en conjunto, que es lo que hace la Concertación de Partidos por la Democracia. Siendo así los partidos políticos no tienen por sobre ellos o encima de ellos a un gobierno que se encuentre en una situación de dominio o superioridad.

La Concertación de Partidos es simplemente un acuerdo político, concebido en un momento histórico concreto y por ello circunstancial, transitorio y circunscrito a materias bien determinadas, en términos tales que aquellos no se encuentran encadenados a perpetuidad u obligados a mantenerse para siempre en tal estado de acuerdo político, pudiendo según sean los avatares políticos, buscar las orientaciones y posiciones adecuadas. En la práctica, los une un programa de gobierno, muy general, y bastante vago e impreciso.

El actual Gobierno, no es un Gobierno Suprapartidario, sino que simplemente, en los aspectos relacionados con los partidos políticos y sus relaciones con el gobierno, es una típica y simple alianza de gobierno y parlamentaria; así cada uno de los partidos políticos que la conforman concurrieron a proponer al país la candidatura de la actual presidenta de la República y su programa, quien precisamente milita en un partido político. Al tiempo de conformar su primer gabinete, los distintos partidos políticos le presentaron a la Jefa de Estado nombres de personas para los cargos de Ministros y de Subsecretarios, como igualmente respecto a las Intendencias y Gobernaciones. Los partidos políticos de la Concertación interactúan permanentemente con el Gobierno; el equipo político de éste se reúne semanalmente con los Presidente de la Concertación y trata de coordinar sus actividades con los Diputados y Senadores de la Concertación; cuando es necesario el gobierno recaba de las directivas de los partidos políticos de gobierno el apoyo a sus políticas y nuevas iniciativas legales; todos los Ministros y Ministras, Subsecretarios y Subsecretarias, Intendentes e Intendentas, Gobernadores y Gobernadoras, militan en los partidos políticos de la Concertación.

Si este gobierno fuera realmente Suprapartidario y si se encontrare efectivamente por encima de los partidos políticos, no actuaría sólo con los partidos de la denominada Concertación, sino que también con los sectores independientes y en algunos casos, si la prudencia lo aconsejare, también con los partidos de la oposición. Tal situación no se produce por cuanto el carácter Suprapartidario de la Concertación únicamente fue aprobado para el Gobierno del Presidente Aylwin quien pidió tener mayor libertad para constituir su gabinete sin someterse a la ritualidad de la aprobación de las directivas de los partidos políticos, como con tan desastrosas consecuencias había ocurrido con los gobiernos anteriores al 11 de Septiembre del año 1973. Para tal efecto el Presidente Aylwin, suspendió su militancia en el partido Demócrata Cristiano. Cosa distinta es lo que ha sucedido con los gobiernos posteriores: no ha existido ningún acuerdo expreso o tácito para entender que la alianza de gobierno de la Concertación opera solamente para los efectos de elegir al o a la Presidenta, para después carecer de toda intervención responsable en las labores de bien común del respectivo gobierno.
La frase que repiten a menudo los Presidentes de la Concertación y otros dirigentes de ese conglomerado, en el sentido que el nombramiento de los Ministros, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, etc., corresponde a facultades privativas de la Presidenta de la República y por ello sería impertinente emitir juicios de ninguna especie cuando hace uso de las mismas, es una verdad a medias. De acuerdo con la Constitución Política, los partidos políticos no intervienen ni tienen participación de ninguna especie en los nombramientos referidos. Con todo desde el punto de vista político, de una alianza de gobierno, tales nombramientos requieren necesariamente contar con el necesario apoyo y respaldo de los partidos que componen dicha alianza y para ello es menester que el gobierno interactúe, converse y dialogue con los partidos políticos. Si no se produce interlocución de ninguna especie entre la Jefatura del Estado y los partidos políticos para esos nombramientos, no cabe la menor duda que la alianza carecería de sentido, por cuanto los partidos políticos no estarían cumpliendo sus funciones responsablemente.

Los últimos hechos relacionados con el ajuste en los Gobiernos Regionales y Gobernaciones, apreciados conforme a las normas de la lógica, llevan a concluir naturalmente que en las últimas nominaciones necesariamente han participado de algún modo u otro las directivas de los partidos políticos de la Concertación, sin que resulte verosímil sostener que ellos estuvieron completamente al margen de los ajustes efectuados por el gobierno. Por el contrario, todo indica una completa correspondencia de acuerdo entre las directivas de los partidos políticos y la Presidencia de la República, para efectuar los cambios mencionados, aunque uno de los presidentes de esos partidos haya expresado que la participación de los partidos ha consistido en simples sugerencias; o aunque se indique que sólo existiría una información con posterioridad a los nombramientos, ya que esa suerte de excusa, no resulta atendible puesto que esa información necesariamente fue anterior por cuanto de otra manera no se entienden las sugerencias a que alude el presidente subrogante del partido Demócrata Cristiano. En todo caso, no es pecado político, ni constituye falta, infracción o delito de ninguna especie – ni moral ni legal-, bregar por designaciones o nominaciones correctas en los cargos más elevados de la República, en partidos que forman parte de un pacto de gobierno. Por el contrario ello es lo más natural, lógico y normal.

Lo que sucede a nuestro modo de entender es otra cosa que no se quiere ver: la Concertación no está funcionando satisfactoriamente, entre otras razones, dado que no se está tomando en cuenta en las resoluciones políticas la existencia de la totalidad de los partidos políticos propiamente tales –como parte efectiva de una alianza de gobierno y por ello los presidentes de los partidos hacen esas declaraciones que suscitan tantas dudas y preguntas-, ni menos se está ponderando una realidad, cual es que al interior de ellos existen corrientes y tendencias que deben ser tomadas en consideración para no generar un cuadro crítico de desafección o alejamiento. El buen criterio y la sana prudencia así lo aconsejan. Las exclusiones sociales y/o políticas son dañinas para las sociedades, generan fracturas muy difíciles de recomponer y producen conflictos permanentes, donde las odiosidades personales destruyen completamente el sentido de comunidad, de pertenencia, de formar parte de una misma asociación. Es ceguera política y necedad infinita no ver las dinámicas conflictivas que se alientan cuando se excluye a sectores o tendencias políticas determinadas. Hay que velar por el bien común. Ese es el norte. Las políticas de exclusiones sirven sólo para sembrar vientos y después terminar cosechando tempestades. Cuando hay sistemáticas exclusiones, segregaciones y discriminaciones, por cierto, no existe voluntad de escuchar, de dialogar y encontrarse racional y afectivamente; sino que únicamente propósitos de vivir en conflictos permanentes.

Presidencialismo autoritario

Por otro lado, este es un gobierno producto de una alianza política partidaria dentro del marco de un presidencialismo que desde la perspectiva constitucional es autoritario, ya que todas las normas relacionadas con el funcionamiento orgánico del Estado están estructuradas sobre la base de un sistema político de tal naturaleza, que prescinde institucionalmente de la existencia de los partidos políticos. El sistema político presidencial autoritario choca frontalmente con una democracia efectiva, real y participativa, y por ello, sorprende y alarma que los dirigentes de la Concertación, cada vez que se abre debate o cuestión controvertida sobre nombramientos de nuevos Ministros, Subsecretarios, Intendentes o Gobernadores acuden prestamente a las disposiciones de la Constitución que establecen las atribuciones exclusivas del Presidente de la República en estas materias, tal como si toda la política se redujera a un simple control de constitucionalidad y legalidad, como el que lleva a cabo la Contraloría General de la República o el Tribunal Constitucional. La política es eso y mucho más que eso. Cuando se abordan estas materias a nivel político no se está hablando ni preguntando sobre a quién corresponde tal o cual atribución establecida en la Constitución, sino que si la misma está siendo ejercida conforme al mérito de las circunstancias, tomando en consideración los intereses generales del país; eso es efectivamente la gran política, lo otro es puro control de legalidad.

Ese presidencialismo autoritario de la Constitución Política escrita debe aplicarse, teniendo presente lo que pudiera denominarse la Constitución real del país, que demuestra la efectiva vida y existencia de los partidos que sustentan el régimen político de gobierno y que forman alianzas o concertaciones de gobierno y participan en el mismo. Negarse a esa realidad, desconocer lo que pudiera llamarse La Constitución Real y apoyarse, no sólo en la Constitución escrita, invocando lo que ésta define como atribuciones exclusivas de la Jefatura Estado se aleja de la forma práctica como se ha venido actuando paulatinamente desde Marzo del año 1990. Como esa situación es recurrente y siempre se dice reiterativamente, qué vamos a hacer, si se trata de las atribuciones exclusivas del Presidente de la República, pienso que ha llegado la hora no de hacer un seminario como han anunciado los presidentes de los partidos de la Concertación para examinar porqué motivo en las encuestas éstos tiene tanto rechazo; sino que ha llegado el instante de repensar seriamente la Constitución Escrita desde la perspectiva de la necesidad, cada vez más acuciante de una verdadera democracia participativa, que permita contar con una Jefatura de Estado que efectivamente esté más allá de los límites partidarios, para así, a su vez, consagrar o establecer un primer Ministro que responda ante el Parlamento. Para ello debemos abrirnos a un régimen jurídico distinto del que simplemente hemos heredado del proyecto original de la Constitución de 1980, elaborado por la Comisión de Estudios establecido por la Junta Militar que puso término a la democracia el 11 de septiembre de 1973. Pero estamos convencidos que ello sólo lo puede decidir el pueblo soberano, bien sea a través de un plebiscito, o de una asamblea constituyente para así rediseñar los órganos y funcionamiento de Estado. A mí personalmente me satisface más esta última fórmula o camino, ya que así tendríamos en la sociedad chilena un debate serio y responsable sobre los caminos a seguir.

El país necesita crecer social, política, cultural y económicamente. Su crecimiento debe ser superior a las tasas de los últimos 14 años –un simple 4.4% de crecimiento per cápita- y alcanzar el 6% o 7% de crecimiento per cápita. Sólo alcanzaremos ese objetivo con un Estado moderno y no anquilosado, lento y burocrático como el actual; con un Estado solidario y con un proyecto nacional y popular que movilice las capacidades creadoras e innovadoras del país, afirmando nuestras propias identidades culturales y geográficas. Formamos parte del mundo y nos integramos a él, pero lo hacemos desde la perspectiva de América Latina, de América Andina.

Sirve, entonces el tema de los ajustes de los Gobiernos Regionales, como una oportunidad para tratar los problemas de fondo; estos no deben ser delegados en las fundaciones, corporaciones o institutos de estudios que orbitan en torno a los partidos de la Concertación, como con poca imaginación han propuesto los presidentes de los partidos de la Concertación, al disponer un seminario que aborde la crisis de los partidos políticos en las encuestas. La crisis política, por antonomasia, es un tema político de envergadura que amerita analizar y examinar toda nuestra institucionalidad, para ajustarnos democráticamente a los nuevos tiempos. No podemos sucumbir, una vez más, a la verdadera ENCUESTACRACIA en la cual vive y se desenvuelve el mundo político; seducidos o conmovidos corren a seguir los vientos y cursos de acción que creen se deducen obligatoriamente de las encuestas. Las encuestas sustituyen la política y reemplazan a los partidos por sistemas de pura publicidad, pantallas y luces. Debemos retornar a una REPUBLICA expresada en una CONSTITUCION POLITICA pensada desde la perspectiva de la democracia, y no desde la perspectiva de quienes establecieron un régimen de fuerza a partir del 11 de septiembre del año 1973. Las nuevas generaciones tienen derecho a mirar hacia delante y no quedar detenidos en el tiempo, con construcciones jurídicas, políticas e institucionales que responden a otras épocas. No debemos frustrar nuevamente el desarrollo del país y que se vuelva a escribir la historia de un nuevo caso de desarrollo frustrado. Tenemos la oportunidad única de dar un salto hacia delante que impulse al país colectivamente a etapas superiores de desarrollo y crecimiento, incorporando inteligencia, innovación, ciencia, cultura y arte.

Las correcciones, modificaciones, rectificaciones que se proponen respecto del modelo económico, social y cultural en aplicación -de corte neoliberal e individualista-, sólo serán viables si las mismas se incorporan previamente al debate político. Las correcciones o rectificaciones del modelo se abrirán camino siempre que estén insertas dentro de un contexto de cambios políticos, necesarios y evidentes; y cada vez más necesarios, en la misma y exacta medida que el mundo político oficial va mostrando falencias y vacíos para abordar los temas relevantes.

El debate político debe elevarse. Se debe hacer un gran esfuerzo, tanto psicológico como afectivo, para que nos escuchemos recíprocamente; no nos neguemos como comunidad, como miembros de un partido, ni menos como ciudadanos o ciudadanas de nuestra Nación, a conversar entre nosotros y construir fórmulas políticas y económicas que permitan satisfacer los intereses reales de las grandes mayorías del país. Eso requiere, al mismo tiempo un esfuerzo para vencer el egocentrismo y el permanente mirarse en el espejo. Quienes, desde el sector privado, también nos interesan los problemas públicos aspiramos a que quienes ocupan cargos políticos o llevan a cabo funciones públicas, practiquen política con contenidos, principios y valores. Las nuevas generaciones necesitan que sus dirigentes y dirigentas y quienes postulan a líderes, sean verdaderos ejemplos de virtudes republicanas; sólo así las encuestas cambiarán; y el pueblo sabrá adoptar las sabias decisiones que el país necesita.

Hernán Bosselin Correa

Abogado

Santiago, 30 de Enero de 2007

¡ No Mentirás ¡

Dicho en sentido positivo: habla y actúa desde la verdad: saquemos, pues, las consecuencias de este antiquísimo precepto: Ningún ser humano, ninguna institución, ningún Estado y ninguna iglesia o comunidad religiosa tiene derecho a decir falsedad a los demás (Principios de Etica Mundial, Parlamento de las Religiones del Mundo)


En la declaración de Etica Mundial del II Parlamento de las Religiones del Mundo, de Chicago, 1993, (Hacía una Etica Mundial. Declaración del Parlamento de las Religiones del Mundo, Madrid, Trotta, 1994), se sostiene que el mundo atraviesa indudablemente por una crisis muy relevante y de repercusiones globales. Se expresa que “el mundo agoniza. Agonía tan penetrante y opresiva que nos sentimos movidos a señalar las formas en que se muestra para poner de manifiesto lo hondo de nuestra zozobra. La paz nos da la espalda. El planeta está siendo destruido. Los vecinos viven en el temor mutuo. Hombres y mujeres se distancian entre sí. Los niños mueren. Todo ello es terrible”. Al final de dicha declaración se expresa: “La Tierra no puede cambiar a mejor si antes no cambia la mentalidad de los individuos. Nos comprometemos a dilatar nuestra capacidad de percepción sometiendo a disciplina nuestro espíritu mediante la meditación, le plegaria o la reflexión positiva. Sin riesgo, y sin disposición al sacrificio no puede producirse un cambio fundamental en nuestra situación. Por eso nos comprometemos con esta etica mundial, con una mutua comprensión y con aquellas formas de vida que conlleven un concierto social, la consolidación de la paz y el respeto de la naturaleza”.

En los momentos que vive el país, mientras algunos por un lado minimizan las situaciones críticas y otros, como única respuesta, nos dan extrañas versiones que no se compadecen con la verdad, tal como la mayoría del país la ve todos los días; es importante traer al debate algunos de los Principios de Etica Mundial del Parlamento de las Religiones del Mundo. Se sostiene entre dichos Principios que debe existir un compromiso a favor de una cultura de la tolerancia y un estilo de vida honrada y veraz:

“Ser verdaderamente humano de acuerdo con el espíritu de nuestras grandes tradiciones religiosas y éticas significa:
“Hacer valer la verdad, en lugar de confundir libertad con capricho y pluralismo con arbitrariedad.
“Fomentar el espíritu de veracidad en las relaciones interpersonales de cada día en lugar de vivir en la insinceridad, la simulación, y la acomodación oportunista.
“Buscar incesantemente la verdad, animados por una incorruptible voluntad de sinceridad, en lugar de difundir medias verdades ideológicas y partidistas.
“Servir a la verdad, una vez conocida, con confianza y firmeza en lugar de rendir tributo al oportunismo”.

En el tema de los políticos o políticas y sus partidos, afirma la Declaración que estamos comentando:
“Cuando los políticos mienten abiertamente a su pueblo, cuando son culpables de la manipulación de la verdad, de la corrupción o de una desmedida política de abuso de poder tanto en el interior como en el exterior, pierden su credibilidad y no merecen más que perder sus cargos y sus electores. Por el contrario, la opinión pública debería apoyar a aquellos políticos que tienen el valor de decir la verdad al pueblo en todo momento”.

Respecto de los medios de comunicación sostiene la Declaración:
“Para los medios de comunicación, a los que con toda razón se garantiza la libertad reinformación para la búsqueda de la verdad, por lo que en toda sociedad les corresponde la función de vigilantes. Pero esto no quiere decir que estén por encima de la moral, sino obligados a defender con objetividad y transparencia la dignidad de la persona, los derechos humanos y los valores fundamentales. No tienen en absoluto derecho a vulnerar la esfera privada del individuo, ni a desfigurar la realidad, ni a manipular la opinión pública”.

A diario vemos que estos principios tan vitales, que emanan de aquel antiguo mandamiento: No mentir; los vemos a diario transgredidos y reemplazados por una cultura, o con mayor propiedad por una contracultura, que desvaloriza la verdad y que prefiere la manipulación de la misma, bien sea en los espacios públicos o en los medios de comunicación.

Dentro de este contexto es necesario respetar plenamente la libertad de expresión para cuya materialización se requiere necesariamente la presencia de una pluralidad de medios de comunicación. Un mercado concentrado de los medios de comunicación, en dos grandes cadenas, es completamente contradictorio con el libre flujo de la información en una República Democrática, y más grave aún es, cuando en algunos lugares, determinados medios de comunicación articulan determinados mecanismos que permiten manejar en forma relevante informaciones provenientes del ámbito público o de determinados mercados relevantes.

Cobran en consecuencia plena vigencia los principios de ética mundial que nos recuerda el Parlamento de las Religiones del Mundo. Para que no se establezca una contracultura de la mentira deberían realizarse todos los esfuerzos tendientes a privilegiar en el diario acontecer el compromiso con la verdad y con un estilo de vida honrada y veraz; fomentando el espíritu de veracidad y buscando incesantemente la verdad, que a muchos duele, pero que es preferible decirla en tiempo oportuno para evitar males mayores.

En la política chilena renecesita hacer un esfuerzo coherente y consciente de veracidad, para que no se instale una contracultura que lleve a amenazar al mundo mismo; al mundo que agoniza. Por ello debemos hacer nuestra la Declaración de Etica Mundial, particularmente cuando expresa: “Que debemos tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Nos comprometemos a respetar la vida y la dignidad humana, la individualidad y la diferencia, de suerte que toda persona sin excepción reciba un trato humano. Hemos de ejercitarnos en la paciencia y en la aceptación. Hemos de ser capaces de perdonar, aprendiendo del pasado, pero sin ceder jamás a la memoria del odio. Al abrir nuestro corazón a los demás debemos enterrar nuestra mezquinas querellas en aras de la comunidad mundial de manera que llevemos a la práctica una cultura de la solidaridad y de las vinculaciones mutuas”.

Todo lo anterior a propósito de una excelente obra “Reivindicación de una Etica Mundial. Edición de Hans Küng, Editorial Trotta, 2002, Madrid.”





Hernán Bosselin Correa

Abogado

9 de Enero de 2007

GASTOS RESERVADOS: COMENTARIOS SOBRE UNA DENUNCIA CRIMINAL Y SOBRE LA PRESCRIPCION.

GASTOS RESERVADOS, SECRETOS Y SU UTILIZACION EXCLUSIVA EN FINES PUBLICOS
JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA


En todo caso, cualesquiera que fuera la interpretación que se tuviere sobre el término o plazo de la prescripción -10 años o 1 año-, en la situación hipotética que estamos analizando si se alegare la prescripción, nos hallaríamos en un escenario político extraordinariamente conflictivo; ya que para alegar la prescripción habría que reconocer previamente la comisión del delito respecto del cual se alega la prescripción de la acción destinada a perseguir la correspondiente responsabilidad criminal; y la justicia del crimen tendría a lo menos que realizar una investigación sobre quienes han sido los autores de los delitos cuya prescripción se alega y cuando se han cometido dichos delitos.

La opinión pública ha venido tomando conocimiento de una muy intensa controversia política sobre los denominados gastos reservados o secretos de los organismos del Estado. Sin la pretensión de agotar el tema, ni menos de poseer la verdad única y exclusiva sobre tal materia, estimo que es importante opinar sobre estos tópicos:
En virtud del Decreto Ley Nº 406, publicado en el Diario Oficial del 20 de Agosto de 1932, se dictó la normativa relacionada con los fondos para gastos reservados, disponiéndose que para fines de seguridad interior y mantenimiento del orden y la tranquilidad pública, era indispensable la inversión de fondos cuya rendición de cuentas no quedara sujeta a las disposiciones generales que rigen la materia. Para tales efectos, en dicho Decreto Ley, se expresa que se considerará como suficiente rendición de cuentas de la inversión de dichos fondos, los recibos globales que se presenten por el contador del Ministerio del Interior, visados por el Ministro respectivo o los que se presenten por el Director de Investigaciones.
En dicho Decreto Ley, en su exposición de motivos, se expresó que el mismo es dictado teniendo presente: “Que para fines de seguridad interior y mantenimiento del orden y tranquilidad públicos, es indispensable la inversión de fondos cuya rendición de cuentas no puede quedar sujeta a las disposiciones generales que rigen la materia”.
Sobre dichos gastos reservados, la Contraloría General de la República, en diversos dictámenes sostuvo que: “los gastos reservados, si bien en principio no difieren grandemente de los demás gastos presupuestarios, presentan algunas características bastante diversas, tanto en lo que dice relación con la mayor discrecionalidad de la autoridad para su empleo, sin precisar de fuente legal expresa para su aplicación, como por la forma de rendir las cuentas, que no permite en el hecho verificar cuales son los objetivos reales de tal inversión, y consecuencialmente, si estos objetivos están o no vedados por la ley.
Dentro de este orden de ideas, la Contraloría General no ha estado en condiciones de reparar de acuerdo a sus facultades legales, la inversión con cargo a gastos reservados, lo cual en modo alguno puede significar que ello equivale a eximir de responsabilidad a quienes dispusieron su aplicación en fines que no correspondían a objetivos propios de la administración del Estado o prohibidos por la ley. De ser establecida una inversión ilegítima bien puede ser perseguida por vía jurisdiccional, aún habiéndose otorgado por el organismo Contralor el finiquito de sus respectivas cuentas, sin formulación de reparos”.
Igualmente, y con toda claridad, la Contraloría General de la República también ha precisado que: “interesa también saber si tales recursos pueden lícitamente invertirse en labores o actividades políticas partidistas y si el organismo contralor se limita a verificar la exactitud formal de la inversión, o a controlar también su naturaleza o destino. Sobre el particular, es menester tener presente, en primer término que los gastos reservados o secretos, no escapan fundamentalmente a las reglas que rigen en general para todos los gastos públicos, en cuanto se trata de egresos previstos presupuestariamente, y que deben efectuarse en fines de carácter público, esto es, no solo deben considerarse en el presupuesto vigente fondos que han de ser gastados en forma reservada o secreta, sino que el mismo debe corresponder a una finalidad que no sea contraria a la ley”.
En el Dictamen de 3 de agosto de 1992, sostuvo la Contraloría: “sobre el particular, cabe recordar que tal como lo ha señalado la reiterada jurisprudencia de este organismo contralor, contenida, entre otros, en los Dictámenes Nºs 44236 de 1950, 83485 de 1960 y 61020 de 1973, se trata de fondos previstos presupuestariamente, que están en general regidos por el Decreto Ley 406 de 1932 y que se ponen a disposición de los servicios de la administración del Estado para solventar las finalidades propias de los mismos y cuya particularidad consiste en que su inversión, de carácter reservado o secreto, está sujeta a un procedimiento especial de rendición de cuentas en los términos del citado Decreto Ley”.
La Ley 19863, publicada en el Diario Oficial del 6 de febrero del año 2003, en su artículo 4º dispuso “de los gastos reservados se rendirá cuenta anual, en forma genérica y secreta a la Contraloría General de la República, considerando una desagregación por rubros que permita ilustrar a ésta sobre el contenido fundamental de dichos gastos, debiendo acompañarse una declaración jurada que acredite que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6º. El examen y juzgamiento de las cuentas corresponderá al Contralor General de la República, quien lo efectuará expresando al Presidente de la República, de manera secreta, su opinión sobre el destino otorgado a estos gastos. La autoridad fiscalizadora conservara, en todo caso, la responsabilidad que le corresponde por la mantención del secreto. Conforme al artículo 6º de esta Ley los gastos reservados sólo podrán emplearse en los fines propios de las actividades respectivas. Con cargo a éstos no podrán efectuarse pagos a funcionarios públicos. Del mismo modo, no podrán efectuarse transferencias de recursos provenientes de gastos reservados para el financiamiento de campañas políticas, de partidos políticos u organizaciones gremiales”.
Con motivo de los hechos relacionados con los gastos reservados utilizados por Augusto Pinochet Ugarte y que fueron analizados en la causa Rol 1649-2004, que instruyó el actual Ministro de la Corte Suprema, don Sergio Muñoz Gajardo, en aquel entonces Ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago, por Resolución del 18 de Octubre de 2005, al solicitarse el desafuero se argumentó en su Considerando 2º: “Que a estos autos se allegaron diversos elementos de juicio, que en relación a la malversación de caudales públicos, en la actual etapa de investigación se puede tener por establecido …….. De acuerdo a lo indicado en los documentos tenidos a la vista a la fecha, se tiene que de los dineros provenientes de gastos reservados destinados a la Casa Militar los cuales ingresaron a cuentas aperturadas en el Riggs Bank Miami por militares chilenos y bajo el nombre ficticio de John Long, se utilizaron para gastos propios de Augusto Pinochet Ugarte y de su familia, la cantidad de US$ 285.218,73, fondos a lo menos respecto de los cuales existe plena certeza que se configura el delito de malversación de caudales públicos”; y en su Considerando 3º dicha resolución expresó: “Que la utilización de gastos reservados con fines particulares de quien puede disponer de ellos, constituye según se ha dicho el delito de malversación de caudales públicos, que por su monto se encontraría previsto en el artículo 233 Nº 3 del Código Penal, ilícito en el cual le corresponde participación inmediata y directa a Augusto José Ramón Pinochet Ugarte”.
En esa misma resolución queda constancia expresa que sobre el manejo de los dineros provenientes de la Casa Militar, los cuales correspondían a gastos reservados, fueron interrogadas diversas personas, que conforme a la normativa del Código Penal tienen la calidad de empleados públicos, atendida su forma de remuneración.
Conforme con lo que se viene exponiendo queda claro respecto de los gastos reservados que, las normativas que los han regulado, el Decreto Ley Nº 406 de 1932 y la actual Ley 19.863, disponen a su respecto una cuenta o rendición de cuenta, genérica y secreta y un uso discrecional de los mismos; sin embargo, dicho uso discrecional en modo alguno significa que ellos puedan ser utilizados en fines distintos de los que dicen relación con el órgano que recibe tales recursos. Por eso la Contraloría General de la República, junto con concluir que la autoridad goza de amplia discrecionalidad en la inversión de fondos con cargo a gastos reservados, pudiendo merced a ella determinar sus objetivos; al mismo tiempo afirma que los objetivos a los cuales pueden ser destinados tienen que ser necesariamente de carácter público, deben corresponder a fines propios de la administración del Estado.
A su vez, los tribunales de justicia, al razonar sobre los gastos reservados, como se hizo en la causa Rol Nº 1649-2004, de la Corte de Apelaciones de Santiago, han sostenido que la utilización de gastos reservados con fines particulares de quien pueda disponer de ellos, constituye el delito de malversación de caudales públicos.
8. Los funcionarios o empleados públicos, respecto de tales gastos reservados, en la medida que los mismos se utilicen o se destinen a los fines propios de los órganos públicos pertinentes, deben guardar el correspondiente secreto; pero dicha obligación de guardar el secreto, no rige, por razones obvias cuando esos fondos o dineros no son utilizados en los fines públicos del órgano correspondiente. Cuando se produce este último evento, la obligación de guardar reserva o secreto se sustituye por la obligación de denunciar, ante los órganos pertinentes las correspondientes infracciones legales.
El artículo 173 del Código Procesal Penal dispone que cualquiera persona podrá comunicar directamente al Ministerio Público el conocimiento que tuviere de la comisión de un hecho que revista caracteres de delito. Con todo la denuncia pasa a ser obligatoria para, entre otros, los empleados públicos que en el ejercicio de sus funciones toman conocimiento de la comisión de un delito, teniendo un plazo de 24 horas para hacerlo. Las personas que omitan hacer la denuncia, estando obligado a ello, incurren en la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal.
9. La Contraloría General de la República, al evacuar una consulta del Presidente del Consejo de Defensa del Estado, el 16 de Abril de 1974, expresó:
“El señor Presidente del Consejo de Defensa del Estado ha tenido a bien consultar a la Contraloría General, sobre cual ha sido el criterio por ella aplicado para calificar de regular o lícita la inversión de recursos en calidad de gastos reservados de la Presidencia de la República, en especial, cual es el destino natural y obvio de estos gastos y sus límites. Interesa también al Consejo de Defensa del Estado, saber si tales recursos pueden lícitamente invertirse en labores o actividades políticas partidistas y si el organismo contralor se limita a verificar la exactitud formal de la inversión, o si controla también su naturaleza y destino. Sobre el particular, es menester tener presente, en primer término, que los gastos reservados o secretos, no escapan fundamentalmente a las reglas que rigen en general a todos los gastos públicos, en cuanto se trata de egresos previstos presupuestariamente, y que deben efectuarse en fines de carácter público, esto es, no sólo deben considerarse en el presupuesto vigente fondos que han de ser gastados en forma reservada o secreta, sino que el gasto mismo debe corresponder a una finalidad que no sea contraria a la ley; más adelante, la Contraloría General de la República, en su respuesta al Presidente del Consejo de Defensa del Estado le precisó que: dentro de este orden de ideas, la Contraloría General no ha estado en condiciones de reparar de acuerdo a sus facultades legales, la inversión con cargo a gastos reservados, lo cual en modo alguno puede significar que ello equivale a eximir de responsabilidad a quienes dispusieron su aplicación en fines que no correspondían a objetos propios de la administración del Estado, o prohibidos por la ley. Esta inversión ilegítima, de ser establecida bien puede ser perseguida por vía jurisdiccional, aún habiéndose otorgado por el organismo contralor el finiquito de sus respectivas cuentas, sin formulación de reparos”.
Desde esta perspectiva no es dable sostener que el uso de los gastos reservados antes del año 2003 fue discrecional en términos absolutos y, por lo tanto, cualesquiera hayan sido los destinos de ellos, no habría existido ilícito o delito alguno; por cuanto antes de la dictación de la Ley 19863 y sobre la base del Decreto Ley 406 del año 1932 la Contraloría General de la República había sostenido en términos reiterados que el uso discrecional de los fondos correspondientes a los gastos reservados, no significaba que los mismos podían ser utilizados en fines distintos de los cometidos públicos del órgano pertinente del Estado.
Sobre la afirmación que con anterioridad al año 2003 la discrecionalidad en el uso o destino sobre gastos reservados habría hecho posible que ellos se usarán en cualquier cosa, conviene recordar la resolución ya citada del 18 de octubre de 2005, dictada en la causa Rol Nº 1649-2004 instruida por el Ministro de Fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago don Sergio Muñoz Gajardo, quien afirmó que el uso de los gastos reservados en fines particulares constituía malversación de caudales públicos. En este caso se estaba refiriendo a gastos reservados utilizados en años muy anteriores a 2003. Se trata nada menos en dicha resolución, de los gastos reservados de la Casa Militar correspondiente, entre otros a los años 1981, 1982, 1984, 1985, 1988, 1989, y también a los años 1994 y 1997, según se deduce del Considerando 2º de esa resolución, dictada en la causa relacionada con el manejo de los dineros de gastos reservados de la Casa Militar de Augusto Pinochet Ugarte.
Donde existe la misma razón, naturalmente debe existir, la misma conclusión o disposición.
Desconozco e ignoro completamente si los gastos reservados durante los gobiernos de la Concertación tuvieron o han tenido, en alguna ocasión, un destino distinto de los fines públicos propios de los órganos del Estado. Espero, y por cierto confío, como todos los que hemos respaldado a tales gobiernos, que ello nunca haya sucedido, ya que tales conductas no tendrían justificación jurídica y ética de ninguna especie y merecerían los más severos reproches; si tal destino diferente hubiere desgraciadamente existido, lo que procedería sería adoptar resoluciones políticas que permitan que la opinión pública confirme su confianza en el gobierno de la República; y para ello, sería menester respetar plenamente las normas jurídicas del Estado de Derecho. En estas delicadas materias las responsabilidades, desde el punto de vista penal, si las hubiere, son de carácter eminentemente personales. Pero esas responsabilidades personales no excluyen la posibilidad de formular reproches políticos e incluso morales respecto de las conductas que no se hubieren ajustado al ordenamiento jurídico positivo chileno, tanto en su tenor literal, como en su espíritu.
La Constitución Política prescribe que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones (artículo 8 de la Constitución Política de la República); y la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular; y ese interés general se expresa en la integridad ética y profesional de la administración de los recursos públicos que se gestionan; en el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas; en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de ejecución de las normas, planes, programas y acciones (artículo 53 Ley 18575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado.
A diferencia de otras personas que han opinado e interpretado sobre la materia, y que han sostenido que a su parecer la Ley 19863, en su artículo 6° se estaría de algún modo reconociendo que antes de la dictación de esa ley los gastos reservados podían destinarse al financiamiento de otros objetivos; somos de opinión que, antes de la entrada en vigencia, estaba ya vedado destinar los gastos reservados a fines u objetivos distintos de los propios de la administración del Estado, por cuanto se trata de recursos públicos sometidos, entre otras normas jurídicas, a la Ley sobre Administración Financiera del Estado; y para traspasar esos recursos públicos, a personas jurídicas que no forman parte de la administración del Estado, se necesitaba una autorización legal expresa para ello. De esta manera, la Ley 19863 debe ser interpretada sistemáticamente y no debe buscarse en ella un saneamiento respecto de situaciones que pudieran haberse producido con anterioridad a su dictación, por cuanto dicho cuerpo legal no lo dice. Si la intención o espíritu de la Ley 19863 hubiera sido efectivamente convalidar o sanear eventuales situaciones anteriores, el legislador lo habría dicho expresamente. Nada de ello ocurrió y el intérprete no puede extraer conclusiones que no emanan, bajo ningún respecto del análisis, gramatical, lógico, histórico y sistemático de la mencionada Ley. Esta es, al menos, mi personal opinión; otros podrán pensar distinto, máxime cuando se trata de temas jurídicos de suyo complejos.
14. Respecto de la denuncia criminal que, conforme al antiguo procedimiento penal, han presentado a los tribunales de justicia, dirigentes de Renovación Nacional y de la UDI, relacionada con los gastos reservados y que se basa, según han expresado a los medios de comunicación, exclusivamente, en declaraciones de determinados dirigentes políticos de la Concertación no aparece seria y sólidamente fundada por el siguiente motivo: tales dirigentes políticos de la Concertación no fueron claros y precisos en sus dichos, no mencionan ni menos denuncian irregularidades, hechos y circunstancias determinadas de ninguna especie ni entregan mas antecedentes que simples razonamientos teóricos y abstractos; los que resultan completamente insuficientes para construir una denuncia criminal, sólo a partir de aquello que a todas luces es una simple crítica política.
El tenor mismo de la denuncia criminal, publicado por La Segunda, Emol.com, revela vaguedad y muchas dudas en sus redactores y en quienes suscribieron tal presentación; y seguramente por dicha razón, al tiempo de calificar los hechos denunciados hacen referencia nada menos que a siete figuras delictivas –artículos 233, 234, 235, 238, 239, 240 y 240 bis del Código Penal-, sin precisar cual de todas sería aquella en que encuadrarían los supuestos hechos denunciados, los que tampoco aparecen descritos. Tales defectos de la denuncia criminal, sumados a la gran cantidad de personas respecto de las cuales se pide su citación judicial, sin expresar la razón por las cuales deberían ser citados, merece un reproche respecto de los denunciantes, ya que sus calidades de Diputados y Senadores –legisladores-, los obliga al requerir la intervención de un órgano jurisdiccional, de un tribunal del crimen, a emplear una extremada diligencia y cuidado; diligencia y cuidado que no se observa en su denuncia; la que adolece, a nuestro entender de las debilidades y gruesos defectos jurídicos denunciados.
El tema de la prescripción.
Dentro del marco de la discusión sobre los gastos reservados ha surgido el tema de la prescripción que algunos han planteado habría obedecido a una suerte de pacto político que conduciría, según comenta en su editorial del 26 de diciembre de 2006, un importante periódico de Santiago, a una auto amnistía de los sectores políticos.
Para abordar la prescripción, deben tenerse en consideración diversos aspectos.
El artículo 233 del Código Penal prescribe que “el empleado público que, teniendo a su cargo caudales o efectos públicos o de particulares en depósito, consignación o secuestro, lo sustrajere o consintiere que otro lo sustraiga será castigado: 3.- Con presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de once a quince unidades tributarias mensuales, si excediere de cuarenta unidades tributarias mensuales”.
De acuerdo con el artículo 94 del Código Penal la acción penal prescribe: respecto de los crímenes, en 10 años. La acción penal para perseguir delitos sancionados con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio, vale decir de cinco años y un día a quince años prescribe, en 10 años.
En la Ley 18603 Orgánica Constitucional de los partidos políticos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 de la Ley 19884 de 5 de Agosto de 2003, se introdujo el siguiente artículo 54:
“Artículo 54. El plazo de prescripción por las faltas o infracciones establecidas en esta ley, incluidos los delitos conexos a ella, será de un año contado desde la fecha de la elección”.
Los denunciantes, sobre la base de los dichos de determinados dirigentes de la Concertación, sostienen –sin señalar pruebas de ninguna especie- que supuestamente dineros del Fisco habrían sido destinados a financiar a determinados partidos políticos, al margen de la normativa legal.
En el artículo 33 de la Ley de Partidos Políticos se dispone que” los ingresos de los partidos políticos estarán constituidos por las cotizaciones ordinarias o extraordinarias que efectúan sus afiliados, por las donaciones, por las asignaciones testamentarias que se hagan en su favor y por los frutos y productos de los bienes de su patrimonio. Los partidos inscritos o en formación sólo podrán tener ingresos de origen nacional”.
En el artículo 50 de la Ley 18603 se prescribe “que la contravención a lo dispuesto en el artículo 33 será sancionada con el comiso de los ingresos ilegales y con multa de hasta un veinte por ciento del valor de los bienes corporales o incorporales involucrados, la que será de cargo del partido”.
De esta forma, si hipotéticamente algún partido político hubiere recibido aportes del Fisco de Chile, al margen de la normativa relacionada con los gastos electorales contemplada en la Ley 19884, se habría incurrido en la infracción del artículo 50 de la Ley 18603, por cuanto se trataría de ingresos que no corresponderían a ninguno de los rubros establecidos en el artículo 33 de dicho cuerpo legal, que sólo contempla como ingresos de los partidos políticos los ya mencionados; ingresos a los cuales habría que agregar los destinados a cubrir los gastos electorales de acuerdo con lo previsto en la Ley 19884.
En dicha hipótesis, surge la discusión pública sobre la prescripción de los delitos conexos a que se refiere el artículo 54 de la Ley 18603 Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos y si dentro de dichos delitos conexos podría considerarse una eventual malversación de caudales públicos. Como el legislador dispone que la prescripción incluye los delitos conexos con las faltas o infracciones establecidas en dicha Ley 18603, no cabe la menor duda que de producirse dicha conexión, el término de la prescripción de la malversación de caudales públicos, podría ser interpretado por algunos como de un año contado desde la última elección, por cuanto el legislador hace correr el término de la prescripción a partir de dicho evento.
Por ciento que esta es una materia respecto de la cual recién se ha abierto la discusión y habrá que estudiar con mayor profundidad la historia del establecimiento de la Ley 19884 de 5 de Agosto de 2003.
Igualmente habría que analizar si en la intención y espíritu de la ley 19884, especialmente en la norma que establece la prescripción de un año del artículo 54 de la Ley 18603 estuvo comprender delitos tan graves como la malversación de caudales públicos, que en el Código Penal tiene un término de prescripción, por la cuantía de la materia, de diez años. ¿Quiso el legislador que la prescripción del delito de malversación de causales públicos, castigada con pena de crimen, quedara reducida sólo a un año, contado desde la última elección?
Por otro lado, cuando el legislador en el artículo 54 de la Ley 18603 expresa que el término de la prescripción de un año se cuenta desde la fecha de la elección, se podría abrir camino a otra interpretación de dicha norma; toda vez que la mención que se hace a la fecha de la elección, sugiere que está refiriéndose a delitos conexos con infracciones electorales que contemplaría la Ley 18603. Con todo es el caso que la Ley 18603 no contempla infracciones electorales de ninguna especie, y, en consecuencia, no podrían conectarse la malversación de caudales públicos con ninguna infracción electoral de la Ley 18603, puesto que ésta no las establece; y por ello, tal delito de malversación de caudales públicos necesariamente prescribiría conforme al Código Penal y no de acuerdo con el artículo 54 de la Ley 18603.
En todo caso, cualesquiera que fuera la interpretación que se tuviere sobre el término o plazo de la prescripción -10 años o 1 año-, en la situación hipotética que estamos analizando si se alegare la prescripción, nos hallaríamos en un escenario político extraordinariamente conflictivo; ya que para alegar la prescripción habría que reconocer previamente la comisión del delito respecto del cual se alega la prescripción de la acción destinada a perseguir la correspondiente responsabilidad criminal; y la justicia del crimen tendría a lo menos que realizar una investigación sobre quienes han sido los autores de los delitos cuya prescripción se alega y cuando se han cometido dichos delitos.
16. Una reflexión final: Si la República hubiera lamentablemente sufrido situaciones como aquellas que hoy preocupan a la opinión pública relacionadas con el destino final de los gastos reservados –situaciones anormales o irregulares que verdaderamente confiamos no hayan ocurrido bajo los gobiernos de la Concertación por ser ellas incompatibles con los principios y valores que han inspirado sus propósitos de bien público-, y a las cuales vagamente y sin propiedad y certeza alude la denuncia criminal comentada, correspondería a las autoridades que han recibido un mandato popular, comprobado que fuere, por el órgano jurisdiccional competente algún ilícito penal, adoptar resoluciones enérgicas y definitivas. No cabrían aquí las defensas corporativas. Por sobre los partidos políticos, y por cierto por sobre la Concertación se encuentra el país, el bien común de la Nación toda y son los intereses de ella los que deben ser protegidos y salvaguardados; porque estos intereses son permanentes y van más allá de las coyunturas políticas. El bien común dice relación con todos y cada uno de los chilenos y de las chilenas, cualesquiera que sea su orientación política, o ideológica.
Junto con ello, es bueno resaltar la necesidad de una aclaración convincente y sólida sobre el tema de los gastos reservados. La impronta moral, valórica y épica que le imprimieron miles y miles de chilenos y chilenas al proceso de recuperación de la democracia exige transparencia, valor, decisión y un amor profundo a la Nación, y a los valores de la justicia, libertad, verdad y democracia. Las autoridades están para servir a todo el pueblo de Chile, para servir al pueblo soberano.
Quienes pertenecemos al partido Demócrata Cristiano y tratamos de ajustar nuestras conductas a sus valores y principios, confiamos en que su militancia y dirigencia mayoritariamente ha respetado tales valores y principios y ha dado muestras reales de respetar plenamente el ordenamiento jurídico positivo que nos rige como nación organizada.
Los y las demócratas cristianos siempre tenemos presente en nuestra vida cotidiana, tanto pública como privada aquella afirmación de Jacques Maritain que dice:
“Tal doctrina se relaciona, sobre todo, con la cuestión de la jerarquía de los medios. Se basa en el axioma de que el orden de los medios corresponde al orden de los fines. Exige que un fin digno del hombre se realice por medios dignos del hombre. No da tanta importancia a la negativa a emplear ciertos medios, como a la voluntad positiva de servirse de medios, no solo buenos en general, sino verdaderamente proporcionados a su fin, que en sí lleven realmente la imagen y la huella de su fin: medios en que se encarnen aquella santidad y aquella santificación del profano de que se trató en el capítulo anterior” ( Humanismo Integral, página 267, Ediciones Ercilla, 1947).




Hernán Bosselin Correa
Abogado

Santiago, 27 de Diciembre de 2006.