ANTES DE LAS VACACIONES, ALGUNAS MEDITACIONES

¿Gobierno Suprapartidario o Sistema Presidencial Autoritario?

¿Encuestacracia o Democracia?

¿Participación o Exclusión?

¡Que se pronuncie el pueblo, como expresión del
Poder Constituyente Originario!

Con motivo de los cambios realizados en algunas Intendencias y Gobernaciones, los Presidentes de los partidos de la Concertación, a través de Sergio Bitar, ex Ministro de Educación, han sostenido que: “Este es un Gobierno Suprapartidario, y no le corresponde dar explicaciones a los partidos, ni a ellos hacer este tipo de gestiones” (Página C2, edición martes 23 de enero de 2007, diario El Mercurio de Santiago).

¿Qué es un Gobierno Suprapartidario y qué rol juegan, en esa clase de gobierno, si es que alguno, las organizaciones llamadas partidos políticos?

El diccionario nos indica que la palabra supra significa “sobre” o “situado por encima”: supraclavicular, supranacional.

La voz encima es definida como “en una posición o parte superior o en una altura más elevada. El plato está encima de la mesa; sólo hay dos jefes por encima de ellos”.

“Sobre, tiene, entre otros, significados el siguiente: Indica dominio o superioridad: el rey mandaba a sus siervos con autoridad”.

Un Gobierno Suprapartidario lo es cuando se encuentra ubicado en una situación o posición más elevada que los partidos políticos, tal como el plato está encima de la mesa y cuando se halla en una situación de superioridad sobre éstos. Seguramente los presidentes de los partidos de la Concertación han seguido esta definición y han entendido que el gobierno se encuentra en un estado o posición de dominio o superioridad encima de los partidos políticos, los que evidentemente tendrían una función de segundo orden, ya que por arriba de ellos se encontraría siempre el gobierno en estado de mandar con autoridad.

Cuando se tiene ese concepto sobre el actual gobierno y por ende sobre la alianza o agrupación de partidos políticos llamada “Concertación”, se incurre en graves errores: los partidos políticos y el gobierno del país, que encabeza la Jefa de Estado, cumplen, tanto política como constitucionalmente funciones diferentes, aunque ambos tratando de buscar siempre los intereses generales del país. Los partidos políticos son asociaciones de hombres y mujeres libres, que han decidido por su propia voluntad, y sin imposición de ninguna especie, hacer política en común, preocuparse de la cosa pública conforme a determinados principios y valores. Estas asociaciones de personas libres, no forman parte de la organización del Estado, ni menos están sometidas al mando directo de la Presidencia de la República. Lo anterior no le impide, a grupos determinados de partidos políticos, actuar en conjunto, que es lo que hace la Concertación de Partidos por la Democracia. Siendo así los partidos políticos no tienen por sobre ellos o encima de ellos a un gobierno que se encuentre en una situación de dominio o superioridad.

La Concertación de Partidos es simplemente un acuerdo político, concebido en un momento histórico concreto y por ello circunstancial, transitorio y circunscrito a materias bien determinadas, en términos tales que aquellos no se encuentran encadenados a perpetuidad u obligados a mantenerse para siempre en tal estado de acuerdo político, pudiendo según sean los avatares políticos, buscar las orientaciones y posiciones adecuadas. En la práctica, los une un programa de gobierno, muy general, y bastante vago e impreciso.

El actual Gobierno, no es un Gobierno Suprapartidario, sino que simplemente, en los aspectos relacionados con los partidos políticos y sus relaciones con el gobierno, es una típica y simple alianza de gobierno y parlamentaria; así cada uno de los partidos políticos que la conforman concurrieron a proponer al país la candidatura de la actual presidenta de la República y su programa, quien precisamente milita en un partido político. Al tiempo de conformar su primer gabinete, los distintos partidos políticos le presentaron a la Jefa de Estado nombres de personas para los cargos de Ministros y de Subsecretarios, como igualmente respecto a las Intendencias y Gobernaciones. Los partidos políticos de la Concertación interactúan permanentemente con el Gobierno; el equipo político de éste se reúne semanalmente con los Presidente de la Concertación y trata de coordinar sus actividades con los Diputados y Senadores de la Concertación; cuando es necesario el gobierno recaba de las directivas de los partidos políticos de gobierno el apoyo a sus políticas y nuevas iniciativas legales; todos los Ministros y Ministras, Subsecretarios y Subsecretarias, Intendentes e Intendentas, Gobernadores y Gobernadoras, militan en los partidos políticos de la Concertación.

Si este gobierno fuera realmente Suprapartidario y si se encontrare efectivamente por encima de los partidos políticos, no actuaría sólo con los partidos de la denominada Concertación, sino que también con los sectores independientes y en algunos casos, si la prudencia lo aconsejare, también con los partidos de la oposición. Tal situación no se produce por cuanto el carácter Suprapartidario de la Concertación únicamente fue aprobado para el Gobierno del Presidente Aylwin quien pidió tener mayor libertad para constituir su gabinete sin someterse a la ritualidad de la aprobación de las directivas de los partidos políticos, como con tan desastrosas consecuencias había ocurrido con los gobiernos anteriores al 11 de Septiembre del año 1973. Para tal efecto el Presidente Aylwin, suspendió su militancia en el partido Demócrata Cristiano. Cosa distinta es lo que ha sucedido con los gobiernos posteriores: no ha existido ningún acuerdo expreso o tácito para entender que la alianza de gobierno de la Concertación opera solamente para los efectos de elegir al o a la Presidenta, para después carecer de toda intervención responsable en las labores de bien común del respectivo gobierno.
La frase que repiten a menudo los Presidentes de la Concertación y otros dirigentes de ese conglomerado, en el sentido que el nombramiento de los Ministros, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, etc., corresponde a facultades privativas de la Presidenta de la República y por ello sería impertinente emitir juicios de ninguna especie cuando hace uso de las mismas, es una verdad a medias. De acuerdo con la Constitución Política, los partidos políticos no intervienen ni tienen participación de ninguna especie en los nombramientos referidos. Con todo desde el punto de vista político, de una alianza de gobierno, tales nombramientos requieren necesariamente contar con el necesario apoyo y respaldo de los partidos que componen dicha alianza y para ello es menester que el gobierno interactúe, converse y dialogue con los partidos políticos. Si no se produce interlocución de ninguna especie entre la Jefatura del Estado y los partidos políticos para esos nombramientos, no cabe la menor duda que la alianza carecería de sentido, por cuanto los partidos políticos no estarían cumpliendo sus funciones responsablemente.

Los últimos hechos relacionados con el ajuste en los Gobiernos Regionales y Gobernaciones, apreciados conforme a las normas de la lógica, llevan a concluir naturalmente que en las últimas nominaciones necesariamente han participado de algún modo u otro las directivas de los partidos políticos de la Concertación, sin que resulte verosímil sostener que ellos estuvieron completamente al margen de los ajustes efectuados por el gobierno. Por el contrario, todo indica una completa correspondencia de acuerdo entre las directivas de los partidos políticos y la Presidencia de la República, para efectuar los cambios mencionados, aunque uno de los presidentes de esos partidos haya expresado que la participación de los partidos ha consistido en simples sugerencias; o aunque se indique que sólo existiría una información con posterioridad a los nombramientos, ya que esa suerte de excusa, no resulta atendible puesto que esa información necesariamente fue anterior por cuanto de otra manera no se entienden las sugerencias a que alude el presidente subrogante del partido Demócrata Cristiano. En todo caso, no es pecado político, ni constituye falta, infracción o delito de ninguna especie – ni moral ni legal-, bregar por designaciones o nominaciones correctas en los cargos más elevados de la República, en partidos que forman parte de un pacto de gobierno. Por el contrario ello es lo más natural, lógico y normal.

Lo que sucede a nuestro modo de entender es otra cosa que no se quiere ver: la Concertación no está funcionando satisfactoriamente, entre otras razones, dado que no se está tomando en cuenta en las resoluciones políticas la existencia de la totalidad de los partidos políticos propiamente tales –como parte efectiva de una alianza de gobierno y por ello los presidentes de los partidos hacen esas declaraciones que suscitan tantas dudas y preguntas-, ni menos se está ponderando una realidad, cual es que al interior de ellos existen corrientes y tendencias que deben ser tomadas en consideración para no generar un cuadro crítico de desafección o alejamiento. El buen criterio y la sana prudencia así lo aconsejan. Las exclusiones sociales y/o políticas son dañinas para las sociedades, generan fracturas muy difíciles de recomponer y producen conflictos permanentes, donde las odiosidades personales destruyen completamente el sentido de comunidad, de pertenencia, de formar parte de una misma asociación. Es ceguera política y necedad infinita no ver las dinámicas conflictivas que se alientan cuando se excluye a sectores o tendencias políticas determinadas. Hay que velar por el bien común. Ese es el norte. Las políticas de exclusiones sirven sólo para sembrar vientos y después terminar cosechando tempestades. Cuando hay sistemáticas exclusiones, segregaciones y discriminaciones, por cierto, no existe voluntad de escuchar, de dialogar y encontrarse racional y afectivamente; sino que únicamente propósitos de vivir en conflictos permanentes.

Presidencialismo autoritario

Por otro lado, este es un gobierno producto de una alianza política partidaria dentro del marco de un presidencialismo que desde la perspectiva constitucional es autoritario, ya que todas las normas relacionadas con el funcionamiento orgánico del Estado están estructuradas sobre la base de un sistema político de tal naturaleza, que prescinde institucionalmente de la existencia de los partidos políticos. El sistema político presidencial autoritario choca frontalmente con una democracia efectiva, real y participativa, y por ello, sorprende y alarma que los dirigentes de la Concertación, cada vez que se abre debate o cuestión controvertida sobre nombramientos de nuevos Ministros, Subsecretarios, Intendentes o Gobernadores acuden prestamente a las disposiciones de la Constitución que establecen las atribuciones exclusivas del Presidente de la República en estas materias, tal como si toda la política se redujera a un simple control de constitucionalidad y legalidad, como el que lleva a cabo la Contraloría General de la República o el Tribunal Constitucional. La política es eso y mucho más que eso. Cuando se abordan estas materias a nivel político no se está hablando ni preguntando sobre a quién corresponde tal o cual atribución establecida en la Constitución, sino que si la misma está siendo ejercida conforme al mérito de las circunstancias, tomando en consideración los intereses generales del país; eso es efectivamente la gran política, lo otro es puro control de legalidad.

Ese presidencialismo autoritario de la Constitución Política escrita debe aplicarse, teniendo presente lo que pudiera denominarse la Constitución real del país, que demuestra la efectiva vida y existencia de los partidos que sustentan el régimen político de gobierno y que forman alianzas o concertaciones de gobierno y participan en el mismo. Negarse a esa realidad, desconocer lo que pudiera llamarse La Constitución Real y apoyarse, no sólo en la Constitución escrita, invocando lo que ésta define como atribuciones exclusivas de la Jefatura Estado se aleja de la forma práctica como se ha venido actuando paulatinamente desde Marzo del año 1990. Como esa situación es recurrente y siempre se dice reiterativamente, qué vamos a hacer, si se trata de las atribuciones exclusivas del Presidente de la República, pienso que ha llegado la hora no de hacer un seminario como han anunciado los presidentes de los partidos de la Concertación para examinar porqué motivo en las encuestas éstos tiene tanto rechazo; sino que ha llegado el instante de repensar seriamente la Constitución Escrita desde la perspectiva de la necesidad, cada vez más acuciante de una verdadera democracia participativa, que permita contar con una Jefatura de Estado que efectivamente esté más allá de los límites partidarios, para así, a su vez, consagrar o establecer un primer Ministro que responda ante el Parlamento. Para ello debemos abrirnos a un régimen jurídico distinto del que simplemente hemos heredado del proyecto original de la Constitución de 1980, elaborado por la Comisión de Estudios establecido por la Junta Militar que puso término a la democracia el 11 de septiembre de 1973. Pero estamos convencidos que ello sólo lo puede decidir el pueblo soberano, bien sea a través de un plebiscito, o de una asamblea constituyente para así rediseñar los órganos y funcionamiento de Estado. A mí personalmente me satisface más esta última fórmula o camino, ya que así tendríamos en la sociedad chilena un debate serio y responsable sobre los caminos a seguir.

El país necesita crecer social, política, cultural y económicamente. Su crecimiento debe ser superior a las tasas de los últimos 14 años –un simple 4.4% de crecimiento per cápita- y alcanzar el 6% o 7% de crecimiento per cápita. Sólo alcanzaremos ese objetivo con un Estado moderno y no anquilosado, lento y burocrático como el actual; con un Estado solidario y con un proyecto nacional y popular que movilice las capacidades creadoras e innovadoras del país, afirmando nuestras propias identidades culturales y geográficas. Formamos parte del mundo y nos integramos a él, pero lo hacemos desde la perspectiva de América Latina, de América Andina.

Sirve, entonces el tema de los ajustes de los Gobiernos Regionales, como una oportunidad para tratar los problemas de fondo; estos no deben ser delegados en las fundaciones, corporaciones o institutos de estudios que orbitan en torno a los partidos de la Concertación, como con poca imaginación han propuesto los presidentes de los partidos de la Concertación, al disponer un seminario que aborde la crisis de los partidos políticos en las encuestas. La crisis política, por antonomasia, es un tema político de envergadura que amerita analizar y examinar toda nuestra institucionalidad, para ajustarnos democráticamente a los nuevos tiempos. No podemos sucumbir, una vez más, a la verdadera ENCUESTACRACIA en la cual vive y se desenvuelve el mundo político; seducidos o conmovidos corren a seguir los vientos y cursos de acción que creen se deducen obligatoriamente de las encuestas. Las encuestas sustituyen la política y reemplazan a los partidos por sistemas de pura publicidad, pantallas y luces. Debemos retornar a una REPUBLICA expresada en una CONSTITUCION POLITICA pensada desde la perspectiva de la democracia, y no desde la perspectiva de quienes establecieron un régimen de fuerza a partir del 11 de septiembre del año 1973. Las nuevas generaciones tienen derecho a mirar hacia delante y no quedar detenidos en el tiempo, con construcciones jurídicas, políticas e institucionales que responden a otras épocas. No debemos frustrar nuevamente el desarrollo del país y que se vuelva a escribir la historia de un nuevo caso de desarrollo frustrado. Tenemos la oportunidad única de dar un salto hacia delante que impulse al país colectivamente a etapas superiores de desarrollo y crecimiento, incorporando inteligencia, innovación, ciencia, cultura y arte.

Las correcciones, modificaciones, rectificaciones que se proponen respecto del modelo económico, social y cultural en aplicación -de corte neoliberal e individualista-, sólo serán viables si las mismas se incorporan previamente al debate político. Las correcciones o rectificaciones del modelo se abrirán camino siempre que estén insertas dentro de un contexto de cambios políticos, necesarios y evidentes; y cada vez más necesarios, en la misma y exacta medida que el mundo político oficial va mostrando falencias y vacíos para abordar los temas relevantes.

El debate político debe elevarse. Se debe hacer un gran esfuerzo, tanto psicológico como afectivo, para que nos escuchemos recíprocamente; no nos neguemos como comunidad, como miembros de un partido, ni menos como ciudadanos o ciudadanas de nuestra Nación, a conversar entre nosotros y construir fórmulas políticas y económicas que permitan satisfacer los intereses reales de las grandes mayorías del país. Eso requiere, al mismo tiempo un esfuerzo para vencer el egocentrismo y el permanente mirarse en el espejo. Quienes, desde el sector privado, también nos interesan los problemas públicos aspiramos a que quienes ocupan cargos políticos o llevan a cabo funciones públicas, practiquen política con contenidos, principios y valores. Las nuevas generaciones necesitan que sus dirigentes y dirigentas y quienes postulan a líderes, sean verdaderos ejemplos de virtudes republicanas; sólo así las encuestas cambiarán; y el pueblo sabrá adoptar las sabias decisiones que el país necesita.

Hernán Bosselin Correa

Abogado

Santiago, 30 de Enero de 2007

¡ No Mentirás ¡

Dicho en sentido positivo: habla y actúa desde la verdad: saquemos, pues, las consecuencias de este antiquísimo precepto: Ningún ser humano, ninguna institución, ningún Estado y ninguna iglesia o comunidad religiosa tiene derecho a decir falsedad a los demás (Principios de Etica Mundial, Parlamento de las Religiones del Mundo)


En la declaración de Etica Mundial del II Parlamento de las Religiones del Mundo, de Chicago, 1993, (Hacía una Etica Mundial. Declaración del Parlamento de las Religiones del Mundo, Madrid, Trotta, 1994), se sostiene que el mundo atraviesa indudablemente por una crisis muy relevante y de repercusiones globales. Se expresa que “el mundo agoniza. Agonía tan penetrante y opresiva que nos sentimos movidos a señalar las formas en que se muestra para poner de manifiesto lo hondo de nuestra zozobra. La paz nos da la espalda. El planeta está siendo destruido. Los vecinos viven en el temor mutuo. Hombres y mujeres se distancian entre sí. Los niños mueren. Todo ello es terrible”. Al final de dicha declaración se expresa: “La Tierra no puede cambiar a mejor si antes no cambia la mentalidad de los individuos. Nos comprometemos a dilatar nuestra capacidad de percepción sometiendo a disciplina nuestro espíritu mediante la meditación, le plegaria o la reflexión positiva. Sin riesgo, y sin disposición al sacrificio no puede producirse un cambio fundamental en nuestra situación. Por eso nos comprometemos con esta etica mundial, con una mutua comprensión y con aquellas formas de vida que conlleven un concierto social, la consolidación de la paz y el respeto de la naturaleza”.

En los momentos que vive el país, mientras algunos por un lado minimizan las situaciones críticas y otros, como única respuesta, nos dan extrañas versiones que no se compadecen con la verdad, tal como la mayoría del país la ve todos los días; es importante traer al debate algunos de los Principios de Etica Mundial del Parlamento de las Religiones del Mundo. Se sostiene entre dichos Principios que debe existir un compromiso a favor de una cultura de la tolerancia y un estilo de vida honrada y veraz:

“Ser verdaderamente humano de acuerdo con el espíritu de nuestras grandes tradiciones religiosas y éticas significa:
“Hacer valer la verdad, en lugar de confundir libertad con capricho y pluralismo con arbitrariedad.
“Fomentar el espíritu de veracidad en las relaciones interpersonales de cada día en lugar de vivir en la insinceridad, la simulación, y la acomodación oportunista.
“Buscar incesantemente la verdad, animados por una incorruptible voluntad de sinceridad, en lugar de difundir medias verdades ideológicas y partidistas.
“Servir a la verdad, una vez conocida, con confianza y firmeza en lugar de rendir tributo al oportunismo”.

En el tema de los políticos o políticas y sus partidos, afirma la Declaración que estamos comentando:
“Cuando los políticos mienten abiertamente a su pueblo, cuando son culpables de la manipulación de la verdad, de la corrupción o de una desmedida política de abuso de poder tanto en el interior como en el exterior, pierden su credibilidad y no merecen más que perder sus cargos y sus electores. Por el contrario, la opinión pública debería apoyar a aquellos políticos que tienen el valor de decir la verdad al pueblo en todo momento”.

Respecto de los medios de comunicación sostiene la Declaración:
“Para los medios de comunicación, a los que con toda razón se garantiza la libertad reinformación para la búsqueda de la verdad, por lo que en toda sociedad les corresponde la función de vigilantes. Pero esto no quiere decir que estén por encima de la moral, sino obligados a defender con objetividad y transparencia la dignidad de la persona, los derechos humanos y los valores fundamentales. No tienen en absoluto derecho a vulnerar la esfera privada del individuo, ni a desfigurar la realidad, ni a manipular la opinión pública”.

A diario vemos que estos principios tan vitales, que emanan de aquel antiguo mandamiento: No mentir; los vemos a diario transgredidos y reemplazados por una cultura, o con mayor propiedad por una contracultura, que desvaloriza la verdad y que prefiere la manipulación de la misma, bien sea en los espacios públicos o en los medios de comunicación.

Dentro de este contexto es necesario respetar plenamente la libertad de expresión para cuya materialización se requiere necesariamente la presencia de una pluralidad de medios de comunicación. Un mercado concentrado de los medios de comunicación, en dos grandes cadenas, es completamente contradictorio con el libre flujo de la información en una República Democrática, y más grave aún es, cuando en algunos lugares, determinados medios de comunicación articulan determinados mecanismos que permiten manejar en forma relevante informaciones provenientes del ámbito público o de determinados mercados relevantes.

Cobran en consecuencia plena vigencia los principios de ética mundial que nos recuerda el Parlamento de las Religiones del Mundo. Para que no se establezca una contracultura de la mentira deberían realizarse todos los esfuerzos tendientes a privilegiar en el diario acontecer el compromiso con la verdad y con un estilo de vida honrada y veraz; fomentando el espíritu de veracidad y buscando incesantemente la verdad, que a muchos duele, pero que es preferible decirla en tiempo oportuno para evitar males mayores.

En la política chilena renecesita hacer un esfuerzo coherente y consciente de veracidad, para que no se instale una contracultura que lleve a amenazar al mundo mismo; al mundo que agoniza. Por ello debemos hacer nuestra la Declaración de Etica Mundial, particularmente cuando expresa: “Que debemos tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Nos comprometemos a respetar la vida y la dignidad humana, la individualidad y la diferencia, de suerte que toda persona sin excepción reciba un trato humano. Hemos de ejercitarnos en la paciencia y en la aceptación. Hemos de ser capaces de perdonar, aprendiendo del pasado, pero sin ceder jamás a la memoria del odio. Al abrir nuestro corazón a los demás debemos enterrar nuestra mezquinas querellas en aras de la comunidad mundial de manera que llevemos a la práctica una cultura de la solidaridad y de las vinculaciones mutuas”.

Todo lo anterior a propósito de una excelente obra “Reivindicación de una Etica Mundial. Edición de Hans Küng, Editorial Trotta, 2002, Madrid.”





Hernán Bosselin Correa

Abogado

9 de Enero de 2007