martes, abril 10, 2007

Algunos comentarios al documento “Propuestas para una corrección del modelo socio económico”.-


1. Una impresión general.
Con gran interés he leído el documento preparado por el Instituto Jorge Ahumada denominado “Propuestas para una corrección del modelo socio económico”. Este documento, en mi opinión, avanza más que otros que había tenido la oportunidad de conocer, en darle contenido a la idea de “corrección del modelo” que tan profusamente ha difundido el senador Adolfo Zaldívar. Asimismo, me parece que dicho documento es un importante aporte al debate que debe tener el Partido Demócrata Cristiano en el marco de su Quinto Congreso, el cual se espera culminar con algunas definiciones básicas en materias relevantes, y que hoy parecen ser motivo de diferencias al interior de la colectividad, relacionadas tanto con cuestiones propiamente políticas (ideológicas, programáticas) como en relación con la organización partidaria (modernización del Partido).

Debo partir señalando que la idea de la corrección del modelo ha generado una importante expectativa en muchos militantes democratacristianos, incluso en quienes no forma parte de la corriente cercana al senador Zaldívar. Creo que para muchos, la idea de la corrección del modelo, que por lo demás forma parte del programa de gobierno de la presidenta Bachelet, constituye, de algún modo, una promesa de cambio profundo en el estilo de desarrollo, cuestión que, obviamente, va mucho más allá de los aspectos puramente económicos, sin desconocer que en buena parte están determinados por ellos. En este sentido, debo señalar que la propuesta que contiene el documento del Instituto Jorge Ahumada me parece muy limitada.

De la lectura del documento, en términos generales y como una primera gran aproximación, me queda la impresión que finalmente para sus autores la noción de corrección del modelo se reduce a una política de refinanciamiento de la pequeña y mediana empresa, especialmente abundante en propuestas de condonaciones de deudas. Sin negar que efectivamente es muy distinta una economía que está dirigida por unos cuantos grupos económicos que una que está sustentada en una gran base de pequeños y mediando empresarios, evidentemente el centro de la cuestión es el mismo: el comercio y el consumo como los grandes elementos dinamizadores de la sociedad, lo cual marca un estilo de vida un tanto alejado de lo que es una genuina visión humanista cristiana del desarrollo. Nadie puede desconocer la importancia del comercio y el consumo, pero otra cosa es centrar nuestra vida como país en ello, especialmente si, además, un importante número de miembros de la comunidad nacional no tiene acceso a servicios y bienes fundamentales (vivienda digna, educación de calidad, alimentación adecuada, medios tecnológicos, por señalar algunos).

2. Sobre la situación de las Pyme.
Ciertamente deben darse condiciones de financiamiento a la pequeña y mediana empresa que le permita desarrollar su labor con tranquilidad y estabilidad, y para eso habrá que revisar las situaciones de endeudamiento y apoyar como Estado los esfuerzos razonables que le permitan salir de ellas. Igualmente revisar si el instrumental de apoyo de que dispone el Estado (que al parecer no es poco) es suficiente y/o está operando de manera eficiente. En tal sentido las referencias a la CORFO y al Banco del Estado son claramente adecuadas. El punto está, en mi opinión, en que el problema de muchas de las pequeñas y medianas empresas que funcionan en nuestro país es de falta de mercado y malas condiciones de competencia. Dicho de otro modo, si queremos mantener una base amplia de pequeñas y medianas empresas debemos asegurar que estas cuenten con opciones reales de mercado, pues nada saca un pequeño empresario con endeudarse a una tasa baja y con buenas condiciones de pago si finalmente son muy pocos los que requieren sus productos o las condiciones de producción (costos) y de comercialización (capacidad de venta) de los más grandes lo dejan permanentemente fuera de competencia.

En tal sentido, la idea de garantizar que una cierta porción de las adquisiciones del sector público se hagan a PYMES; facilitar la concurrencia de éstas en las licitaciones públicas (aún sin resguardo de cuotas) por la vía de evitar condicionantes económicas (régimen de garantías y de pagos, requerimientos de patrimonio y de capital, por ejemplo) que constituyen factores que, indudablemente, favorecen exclusivamente a los grandes consorcios; impedir discriminaciones de precios por parte de las grandes empresas; son cuestiones que ayudarían con mayor efectividad al desarrollo de múltiples empresas medianas y pequeñas y, lo más importante, asegurarían su mantenimiento en el tiempo.

Un punto si no me gustaría dejar pasar, de los que se señalan en el documento en el marco de la ayuda a la pyme, y es que por más dificultosa que sea la situación de lo pequeños empresarios no es posible aceptar que éstos puedan hacer uso de los dineros correspondientes a las cotizaciones previsionales de sus trabajadores para hacer frente a los déficits de caja y menos a situaciones de insolvencia. Dichos recursos son parte integrante de la remuneración de los trabajadores y, por lo mismo, para evitar que se continúe produciendo la situación referida, se debería terminar con el sistema de declaración y no pago para pasar a un sistema de pago íntegro, so pena de sanciones penales y retenciones tributarias al empleador incumplidor.

3. El tema de la concentración económica.
Siempre en el ámbito de la economía, me parece que falta una mayor audacia para abordar el tema de la concentración económica. Ciertamente que tener una política más estricta en materia de fusiones, generando los mecanismos legales correspondientes puede ser un importante paso, lo mismo que fortalecer la institucionalidad de defensa de la libre competencia o antimonopolio, pero más que la integración horizontal (que ya es un gran problema en Chile) el punto es si resulta aconsejable que unos cuantos grupos económicos manejen todo los ámbitos económicos del país, desde el financiero hasta el fabril, pasando, entre otros, por el inmobiliario, el minero, la producción silvo-agropecuaria, el comercio del retail y los medios de comunicación. Es decir, el problema de la integración vertical, en que unos cuantos actores manejan toda la cadena de la producción hasta el consumo, a una escala insospechada hace sólo un tiempo, y que no sólo se convierte en un problema para la libre competencia y el buen funcionamiento de los mercados, sino que en un factor de desequilibrio político insoslayable.

Al respecto, bien vale tener en cuenta una antigua sentencia de 1945 de un tribunal norteamericano en el caso United States vs Aluminum Co., pero que mantiene plena vigencia en sus conceptos respecto de la inconveniencia de la concentración del poder económico: “Hemos estado hablando de las razones económicas que llevan a prohibir el monopolio; pero como ya hemos señalado, existen otras, basadas en la convicción de que las grandes concentraciones industriales son propiamente indeseables, independientemente de sus resultados económicos”.

En tal sentido, lo aconsejable es delimitar los campos de actuación de los grupos económicos, de modo que los mercados puedan operar en plenitud y no se produzcan las anomalías o distorsiones que las situaciones de integración a escala global generan hoy, poniendo en riesgo el buen funcionamiento de las instituciones políticas, sociales, culturales y económicas del país.

4. El rol del Banco Central.
Otra alusión importante del documento, es la relativa al rol del Banco Central, sin embargo creo que los autores yerran cuando señalan que dicho instituto nada tiene que ver con aspectos concernientes al nivel de actividad económica y el crecimiento. Ciertamente el Banco Central como organismo responsable de la política monetaria tiene su responsabilidad fundamental en velar por la estabilidad de la moneda manteniendo con ello el valor real del dinero, pero su accionar no puede estar ni está separado respecto de la política económica del Estado en su conjunto. De hecho, la propia ley orgánica del Banco Central establece que en la adopción de sus acuerdo debe tener en consideración la orientación de la política económica del Gobierno, estableciendo mecanismos concretos de coordinación, como es la participación del Ministro de Hacienda en la reuniones del Consejo Directivo del Banco y su derecho a suspender la aplicación de acuerdos que estime inapropiados para la marcha general del país. Adicionalmente, el Banco Central tiene actualmente, por ley, funciones específicas en materia de funcionamiento del sistema financiero y el mercado de capitales, o sea respecto de las políticas crediticias, las que influyen de manera determinante en el nivel de actividad económica.

5. La consagración de un Estado Democrático y Social de Derecho.
Un aspecto respecto del que nada se dice el documento y que a mí me parece central es la necesidad de explicitar a nivel de nuestra carta fundamental el compromiso del Estado con un conjunto de derechos sociales y económicos (calidad de educación, vivienda digna, sueldo suficiente, respeto a la diversidad cultural, acceso a las tecnologías de la información) que le permitan alcanzar la fisonomía propia de un Estado Democrático y Social de Derecho conforme a los tiempos actuales. Esto, naturalmente, implica abordar el desafío de reformular el pacto social que es la Constitución Política de la República, para avanzar a uno nuevo que reconozca las condiciones y retos de nuestros nuevos tiempos como país y a nivel global, partiendo por establecer el compromiso de cada miembro de la comunidad con el bienestar general y no sólo el del Estado, como ocurre hoy.

La idea de una efectiva economía social de mercado tiene como supuesto institucional básico la existencia de un Estado Democrático y Social de Derecho.

6. Un cambio del estilo de desarrollo.
Insisto, junto con la corrección del modelo económico en aspectos donde efectivamente muestra fallas o carencias, y en las cuales tengo certeza que hay un amplio consenso en la democracia cristiana, debemos apuntar con mayor decisión y fuerza a una modificación sustantiva del estilo de desarrollo. ¿A que me refiero? A algo que hemos conversado y enunciado muchas veces, y que se agrega al gran y permanente desafío de terminar con la precariedad económica en que viven tantos chilenos:

Mayor tiempo para la familia, para la recreación, para la cultura y el deporte. Es decir, abrir espacios para que las personas nos encontremos fuera del ámbito de las relaciones puramente económicas. O sea, para la vida del espíritu. Estudios recientes indican que los niveles de felicidad de los chilenos no son buenos y están muy por debajo de países que muestran índices de desarrollo mucho más bajos que los nuestros. A su vez, todos la encuestas e investigaciones reportan que lo que los chilenos más valoramos es la vida en familia. Entonces la conclusión es obvia. Para ser más felices debemos contar con más tiempo para estar con nuestros cónyuges, padres, hijos, otros parientes y amigos

Si no queremos seguir en lo que vemos a diario por los medios de comunicación, respecto de muchos niños y adolescentes que crecen solos y carentes de apoyo, especialmente los más pobres pero no sólo ellos, lo que sumado a ambientes de marginalidad se tornan en una mezcla explosiva, debemos cambiar radicalmente el actual estado de cosas. Urge ir a una reforma que disminuya la jornada de trabajo, al igual que a una modernización de las empresas en términos de generar mejores ambientes laborales para los trabajadores, que, a su vez, mejoren los niveles de productividad. Hoy, con una jornada laboral de 45 horas semanales, para la gran mayoría de los chilenos que trabajan cinco días a la semana le significa, considerando los traslados, estar más de trece horas diaria en función del trabajo, saliendo muy temprano de sus casas y volviendo al terminar la tarde o empezar la noche la mayor parte de las veces. Es claro que una persona que tiene el aliciente de llegar más temprano a su hogar para estar con su familia y amigos, tendrá una disposición al trabajo más positiva que redundará en una importante elevación de los niveles de rendimiento. Baste ver la experiencia de los países europeos con mayores niveles de desarrollo: jornadas de trabajo acotadas y altamente productivas. Al revés de Chile, donde coexisten jornadas de trabajo extendidas con bajo nivel de productividad, es decir, donde nadie gana y, por el contrario, se pierde mucha calidad de vida y eficiencia económica.

También ello debería implicar terminar, tanto cuanto sea posible, con el trabajo de fines de semana, partiendo por los grandes centros comerciales. El horario de funcionamiento del comercio marca tendencia, especialmente si transformamos el consumo irracional en el gran motivador de las actividades de nuestro tiempo no laboral. La conceptualización que hacen de los mall algunos analistas, como la nueva plaza pública, puede ser correcta pero no me parece que sea deseable. Intentemos volcar a la comunidad a la plaza y a los parques de verdad. Apuntemos a formas menos onerosas y de mayor densidad cultural y espiritual en el uso del tiempo libre. Si me dicen que a la mayor parte de la gente le gusta consumir, bueno aceptémoslo y entonces orientémoslos hacia el consumo del arte y del deporte. Favorezcamos la industria de la recreación y el esparcimiento que todavía en Chile es muy poca, especialmente considerando la capacidad de consumo de algunos. Potenciemos de manera sustantiva el apoyo a la creación artística y cultural y a su difusión (recuerdan a miles de santiaguinos detrás de una muñeca gigante, por qué no más pequeños y grandes gestos de arte dando vuelta por todo el país y cada rato). Mostrémosle a esos cientos de miles de niños y jóvenes en riesgo social a lo largo de Chile un camino en la actividad deportiva y en diversas formas de creación, tal cual muchos organismos públicos y privados lo hacen hoy y que, por los mismo, requieren multiplicarse por miles, lo que ahorrará recursos en fatigosos procesos judiciales y centros de reclusión que nadie quiere.

Más participación, más descentralización y poder para la comunidad organizada. Es evidente que vivimos en una sociedad crecientemente individualista, lo cual no puede extrañarnos porque responde a la forma como hemos dispuesto las cosas. Esto no se cambia con discursos ni alegaciones, para recrear tejido social y potenciar la participación es necesario dotar de poder efectivo a las distintas instancias de integración, especialmente de aquellas que son expresión de diversas formas de solidaridad, de corresponsabilidad con el desarrollo de las comunidades y de creación cultural e innovación. Ello implica, al menos, darle mayor protagonismo a las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias funcionales en la gestión municipal, tanto en la definición de sus políticas como en la aplicación de sus programas; relevar el rol de los sindicatos al interior de las empresas, favoreciendo con ello un mayor equilibrio en las relaciones laborales; apoyar con mayores recursos a las organizaciones que se ocupan de la creación de valor a través del emprendimiento cultural y económico.

En este mismo ámbito, cabe señalar la necesidad de dotar de mayor poder a las regiones (político y económico), de modo de terminar con la exclusión y discriminación por razones de territorio. Una sociedad distinta, más igualitaria, requiere también un país más equilibrado en términos territoriales. No es el mismo estilo de desarrollo si todas las definiciones importantes se adoptan en la ciudad capital que si los centros de poder están distribuidos a lo largo del país, reconociendo e incorporando de manera más nítida y efectiva sus realidades locales en la toma de decisiones.

Mayor cuidado del medio en que vivimos. Ello supone, como punto de partida, revalorizar la naturaleza y el territorio como bienes públicos irreemplazables, que, sin desconocer el derecho a la propiedad privada, permita hacer gestión territorial efectiva, comprometiendo en un desafío conjunto tanto a los particulares como a las instituciones públicas, de forma de conciliar el resguardo de los recursos más preciados, que son patrimonio común, con la necesidad de generar una mayor calidad de vida para todos.

7. La necesidad de dialogar y debatir.
Quisiera terminar estas breces reflexiones reconociendo nuevamente el aporte que hace el documento del Instituto Jorge Ahumada al diálogo y al debate, siempre tan necesarios y positivos. Imagino que todavía queda mucho por decir y escribir para todos quienes son miembros de la comunidad política que es la Democracia Cristiana y que quieren expresar sus visiones de sociedad y de país en el marco de su Quinto Congreso. Ojala esas manifestaciones se sigan multiplicando, que, espero, le harán mucho bien la país y, particularmente, a nosotros mismos.
Eduardo Abedrapo
Vice Presidente P.D.C.